La consulta popular celebrada en Ecuador el 21 de abril de 2024, no deja de tener repercusiones diversas, luego que los ciudadanos expresaron su voluntad en una serie de preguntas clave propuestas por el gobierno; no obstante, el proceso legal que continúa está generando un intenso debate tanto a nivel ejecutivo, como legislativo.
En lo que compete al poder ejecutivo, la implementación de las decisiones tomadas por la ciudadanía en la consulta, es un desafío, considerando que este proceso conlleva la necesidad de elaborar y ejecutar políticas públicas que reflejen fielmente la voluntad popular expresada en las urnas. Además, debe enfrentarse a posibles obstáculos y resistencias por parte de sectores que se sientan afectados por las medidas adoptadas.
Por su parte, la Asamblea Nacional, si bien tiene la facultad de legislar sobre las materias objeto de la consulta popular, así como de fiscalizar y controlar la ejecución de las decisiones adoptadas por el gobierno en este contexto, aspiremos que esto no sea utilizado para dilatar y boicotear la voluntad del pueblo en 9 preguntas; lo correcto es que el legislativo a través del debate y sesudos análisis procedan con la aprobación de leyes y reformas.
En cuanto a las repercusiones en la sociedad, la consulta ha generado un clima de polarización y confrontación entre diferentes sectores políticos y sociales, concretamente al atribuirse los resultados como un triunfo. Aspiramos que esta división no genere tensiones sociales y políticas en el país, afectando la cohesión y estabilidad interna. El camino hacia la implementación de las decisiones tomadas y la resolución de las controversias legales es el camino adecuado para el futuro de la democracia ecuatoriana.
Sybel Ontaneda Andrade
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