Borges solía decir que “la memoria es porosa para el olvido” y sin duda tenía razón. En los últimos días algunos sucesos judiciales han escandalizado a los noticieros televisivos y han resucitado la figura del “error inexcusable”, tan de moda hace algunos años como látigo y amenaza útil para direccionar sentencias y desbrozar senderos jurídicos. La amnesia selectiva de algunos periodistas ha decidido enterrar la tenebrosa trayectoria de esta institución y las tristes consecuencias que tuvo para esa quimera llamada libre criterio judicial. Se lamenta que la Corte Constitucional la haya reducido a sus justos límites exigiendo que exista primero una sentencia que motivadamente demuestre la existencia de este tipo de error. Se pide que desde las sacras alturas del Consejo de la Judicatura se fulmine directamente a los jueces que osan emitir sus fallos utilizando sólo los recaudos procesales. Se exige, en fin, que nuevamente sean los despachos administrativos de la Función Judicial los árbitros últimos del bien y del mal.
Frente a ello es necesario hacer un ejercicio mnemotécnico y recordar que el órgano máximo de la administración de justicia en el Ecuador es la Corte Nacional de Justicia. El Consejo de la Judicatura no tiene potestad alguna para opinar sobre decisiones judiciales o para modificar los fallos. Su función se limita a realizar las tareas administrativas que faciliten el trabajo de los jueces. Este hecho fundamental se olvidó en el pasado y se olvida en el presente. Hemos llegado al punto en que el propio Consejo de la Judicatura duda de la necesidad de independencia total para el juzgador, ignorando que la libertad de decisión es la condición ineludible para la existencia de una verdadera administración de justicia. Queremos ver en el Consejo de la Judicatura un muro protector de la independencia de los jueces, pero lo único que vemos es un murillo.
Carlos García Torres
cegarcia65@gmail.com