Para enviar el paquete con droga utilizaron la copia de una cédula extraviada.
El presunto delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización que se seguía a un ciudadano, de 22 años, quedó en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio porque Máx Ochoa Jiménez, su abogado defensor, demostró que en ese hecho no se respetó el debido proceso.
Presuntamente en 2018, el ciudadano, a través de un courier, habría enviado un paquete, que contenía 23 gramos de peso neto de base de cocaína, a la ciudad de Cuenca, capital de la provincia de Azuay, desde la ciudad de Saraguro, capital del cantón de similar nombre, de la provincia de Loja.
Con copia de cédula
Ochoa Jiménez indica que ese paquete se envió en 2018 con la copia de la cédula de su cliente, documento que en ese año se extravió, pero él no denunció la pérdida. Llama la atención que ese paquete que contenía la droga fue abierto por los funcionarios de ese courier sin la presencia de la Policía.
«Mi cliente fue detenido en 2021 durante el proceso electoral de ese año. Se planteó un habeas corpus y mi cliente recobró su libertad», indica Ochoa Jiménez, quien probó la inocencia de su defendido y se espera el sobreseimiento definitivo del ciudadano si la Fiscalía no apela la resolución del juez.
Una llamada misteriosa
«En Cuenca supuestamente reciben una llamada telefónica en la que comunican que ese paquete les resultaba sospechoso y los agentes postales abren el mismo y luego llaman a la Policía de Antinarcóticos y advierten que ya estaba abierto. En la guía de remisión no existe la firma de mi cliente», expresa el abogado.
Ochoa Jiménez indica que el día en el que supuestamente el ciudadano envió la droga él se encontraba almorzando, en la localidad y a las 13:00 tenía clases en la Universidad en la cual estudia, pero como el juicio se quedó en la etapa intermedia esa prueba no fue presentada a la autoridad judicial.
CLAVE
En 2018 ocurrió ese presunto delito.