El mundo asiste a una nueva ola de contagios del Covid 19, con sus nuevas variantes, que está forzando —en varios países— la adopción de fuertes medidas de control para evitar una propagación mayor y acelerada. En el Ecuador, insistir en el retorno presencial a clases, sin haber arbitrado las medidas de bioseguridad y el adecuamiento de la infraestructura educativa, es un absurdo.
Los últimos datos oficiales del Ministerio de Salud, señalan que existe un aumento semanal de 9.676 casos de COVID-19, especialmente en Pichincha, Guayas, Manabí, Pastaza y Tungurahua.
Nadie niega que una buena parte de la población estudiantil se encuentra vacunada, al igual que los/as docentes, padres y madres de familia. Sin embargo, hay que tener presente que, incluso habiendo recibido las dos dosis de la vacuna contra el Covid – 19, se pueden presentar contagios. La OMS ha declarado al Ómicron como “variante de preocupación”, lo que significa que “se transmiten con más facilidad, que son más virulentas o disminuyen la eficacia de las medidas de protección o de las vacunas y tratamientos disponibles”.
Por ello, la propuesta de la UNE-E en defensa de la salud merece respaldo total: a) Postergar el regreso a clases presenciales en todo tipo de establecimiento hasta que los organismos de salud determinen el momento adecuado; b) Garantizar el derecho a la educación para lo cual entre algunos tópicos es necesario la apertura de la banda de internet en los sectores rurales, junto a la dotación de equipos tecnológicos; c) Garantizar los recursos económicos que establece la Constitución para educación y salud; d) Retorno con condiciones previas y verificables por parte de docentes, estudiantes, madres y padres de familia; e) En el caso del régimen Costa y Galápagos que están próximos a culminar el año escolar proponemos finalizar las actividades de manera virtual; f) Derogación del memorando. MinEduc–GCP-2020-00756-M, que dispone la unificación de paralelos o niveles hasta completar el aforo máximo 30 a 45 estudiantes. El hacinamiento frena todo proceso de retorno; g) Garantizar desde el Estado pruebas masivas para detección de asintomáticos y leves; h) Control y regulación de precios dentro de la red complementaria de salud, para las pruebas de RT- PCR para SARS-COV-2, y las pruebas de detección antigénica por inmunocromotografia, y anticuerpos neutralizantes RBD para Sars-Cov-2, ya que actualmente se están facturando precios exagerados.
Remo Cornejo Luque
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