Con la eliminación del subsidio al diésel mediante el decreto ejecutivo No. 126, varios sectores de la economía nacional se ven afectados. No obstante, el transporte pesado intracantonal en sus modalidades urbana, combinada o rural, así como el transporte interprovincial e intraprovincial, cuentan con compensaciones establecidas en el decreto ejecutivo No. 125.
En cambio, el sector agropecuario recibe esta medida de manera directa, ya que el diésel es indispensable para la maquinaria utilizada en la producción de alimentos que conforman la canasta básica. Esto plantea la interrogante de si todos los productores resultan perjudicados en la misma medida, considerando que la afectación depende del tipo de productor y de la magnitud de su producción.
Un productor es toda persona o empresa que genera bienes o servicios para satisfacer necesidades del mercado y obtener ingresos. El pequeño productor, según el MAG, trabaja entre 0 y 10 hectáreas, con mano de obra familiar y tecnología limitada. El gran productor, según el INEC, labora en superficies superiores a 50 hectáreas, con personal contratado y maquinaria tecnológica. La escala de producción corresponde al volumen generado y puede medirse en peso, unidades o valor.
Con este marco, los pequeños productores resultan más vulnerables, pues poseen menor capacidad de inversión y el alza en los costos reduce sus márgenes de ganancia. Los grandes productores, en cambio, pueden amortiguar el impacto a través de la optimización de procesos. En consecuencia, el sector social es quien asume los efectos finales, enfrentando precios más altos y especulación en los productos de primera necesidad.
Por ello, aunque la eliminación del subsidio significa ingresos adicionales para el Estado, resulta indispensable diseñar políticas públicas que protejan a la economía popular y solidaria, con énfasis en los productores de menor escala, garantizando así la soberanía alimentaria del país.
Cristian Alexander Pacheco
@cristianalexanderpv