Si alguna organización política le ha hecho daño al país, esta se llama Revolución Ciudadana. El correísmo instauró un gobierno autoritario y corrupto que no tiene parangón en la historia ecuatoriana. Su caudillo, Rafael Correa, con sobradas razones, es actualmente un prófugo de la justicia ecuatoriana.
No obstante, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) está bajo sospecha por resolver la suspensión temporal de la Revolución Ciudadana, especialmente por tratarse de una decisión adoptada en vísperas de un nuevo proceso electoral. A la Revolución Ciudadana hay que derrotarla en las urnas, no mediante maniobras de trastienda.
La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar las elecciones para el 29 de noviembre del presente año, con la venia del TCE, resulta contraria al artículo 91 del Código de la Democracia, que dispone que las autoridades seccionales “se posesionarán y entrarán en funciones el catorce de mayo del año de su elección”. Si dichas autoridades deben posesionarse el 14 de mayo de 2027, las elecciones tienen que realizarse en 2027, no antes.
A estas irregularidades se suma la decisión del CNE de cancelar la inscripción de Construye y Unidad Popular. El artículo 327 del Código de la Democracia dispone que dicha cancelación solo puede resolverse hasta ciento veinte días antes de la convocatoria a elecciones. Si el CNE fijó la convocatoria electoral para el 1 de agosto de 2026, la resolución fue adoptada fuera del plazo legal.
Para quienes creemos en la democracia, resultan preocupantes las recientes decisiones del TCE y del CNE. El Ecuador necesita fortalecer el Estado de Derecho y respetar el ordenamiento jurídico. Esto no ocurre cuando las normas se interpretan arbitrariamente o cuando decisiones de enorme trascendencia política se adoptan al margen de la ley. La democracia no puede defenderse debilitando las propias reglas que la sostienen.
Gustavo Ortiz Hidalgo
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