Desde la firma del Decreto 503 en enero de 2025, el presidente Noboa asumió el control total de Petroecuador, CNEL y CELEC. Sin embargo, tras dieciséis meses de gestión directa, la ausencia de resultados positivos es alarmante.
Lejos de ser una incapacidad técnica, la persistente crisis energética y petrolera parece responder a una estrategia de asfixia operativa diseñada para justificar la privatización. El mecanismo es claro: el Estado extrae la liquidez de estas empresas para cubrir el déficit fiscal —acumulando deudas que superan los USD 1.000 millones— mientras mantiene niveles de inversión mínimos. Esta parálisis administrativa impide el mantenimiento de la infraestructura propia, forzando al país a depender de costosas soluciones privadas, como el arrendamiento de barcazas.
Tras más de un año de mando presidencial absoluto, las denuncias de corrupción y los operativos de intervención parecen buscar el desprestigio de lo público antes que su saneamiento. En este escenario, el debilitamiento de las empresas estratégicas es el guion necesario para trasladar la rentabilidad al sector privado y desmantelar la soberanía estatal sobre los recursos energéticos del Ecuador.
No olvidar que Noboa es parte de la gran burguesía al servicio de los dictámenes del FMI. Su desgaste en los últimos meses, expresa el descontento y desencanto de la población que vive inmersa en altos niveles de inseguridad, desempleo, pobreza y exorbitante incremento del costo de la canasta familiar básica, y ante este panorama se viene coreando con fuerza, tal como ocurrió el 1 de mayo: ¡Revocatoria YA! ¡Fuera Noboa, Fuera!
Remo Cornejo Luque
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