Los congresos, parlamentos o asambleas nacionales (Función legislativa), salvo raras excepciones, suelen tener bajos niveles de aceptación popular, porque son el epicentro de los terremotos políticos, cuyas resoluciones terminan perjudicando o beneficiando a determinados sectores de la sociedad. Aun en el caso en que sus decisiones respondan al interés público, este no es la suma de los intereses particulares; por tal motivo, siempre existirá rechazo hacia esa Función del Estado, cuya intensidad mucho depende de las circunstancias en que tales decisiones se adoptan.
Así como la peor de las democracias es preferible a la mejor de las dictaduras, también, en una democracia, es preferible tener una Función Legislativa impopular a no tenerla; pues, de no existir frenos y contrapesos, el poder político tiende a concentrarse en una solo Función del Estado (generalmente la Ejecutiva), desde donde es muy fácil llegar al abuso del poder y a institucionalizar la corrupción (como en el caso del correísmo).
Ahora bien, eso no implica que los ecuatorianos admitamos que la actual Asamblea Nacional (con los más bajos niveles de aceptación de los últimos años) tome resoluciones erráticas, incoherentes, oportunistas y atentatorias contra el sistema democrático. La censura y destitución de la ex Ministra de Gobierno, mientras que los autores de los graves delitos de Octubre del 2019 se ríen en la cara de los ecuatorianos, raya en lo absurdo e inaceptable.