Esta semana el Ministerio de Educación puso en apuros a los establecimientos educativos, disponiéndoles que consulten con la comunidad de padres de familia, si autorizan o no, el retorno a clases presenciales de los chicos.
Hasta ahí, no pasaba de ser una decisión de “SI” ó “NO”, hasta que, como padre de familia leí con atención la letra pequeña. Me percaté que es una posibilidad imprudente, -para utilizar un término suave-.
En caso de autorizar, el padre de familia se compromete a: asegurarse de que su representado porte dentro y fuera del aula de clases, su mascarilla y visor; porte consigo su propio frasco de alcohol; use traje antifluidos; guarde distanciamiento físico dentro y fuera de clases. Y ésta sí que es la más interesante: efectuar a su representado una prueba de hisopado para detectar infección por Covid, una vez cada quince días.
Personalmente, estoy a favor de que nuestros chicos vuelvan a recibir clases en sus establecimientos. Pero en las actuales circunstancias, es poner en riesgo la salud y vida de ellos, sus docentes y administradores escolares. Si antes de la pandemia, en muchos establecimientos fiscales había problemas de hacinamiento, retraso en asignaciones para pago de servicios básicos y problemas con mantenimiento de infraestructura. Ni siquiera me imagino con las exigentes medidas de bioseguridad (tapete para calzado, ducha desinfectante, etc.).
Por supuesto, esta es una realidad en áreas urbanas, en el ámbito rural quizás son otras las circunstancias. Y como esta es la última entrega de este año 2021, expreso mis mejores deseos porque en los días venideros reine la paz, cordura y esperanza.
Marlon Tandazo Palacio
@MarlonTandazoP