Juan Granda Matailo afirma que el traslado de los 108 internos es inconstitucional y la ley les está dando la razón.
En los próximos días más de las 108 personas privadas de la libertad, que el sábado 8 de enero de 2022 fueron trasladadas a los centros carcelarios de las provincias de Azuay, Cotopaxi y Manabí regresarán al Centro de Rehabilitación Social de Loja, porque sus abogados probarán que esa disposición fue inconstitucional.
Juan Granda Matailo, abogado en libre ejercicio profesional y especialista en temas penitenciarios, señala que la disposición del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai) para esos traslados no está motivada y por esa razón debe impugnarse.
«De conformidad al Art. 143, numeral 1, literal a, c, d y e del Reglamento del Sistema de Rehabilitación Social en concordancia con el Art. 76, numeral 7, de la Constitución de Ecuador, se puede impugnar por el traslado de una persona y entre las justificaciones del mismo Reglamento está la falta de motivación», afirma Granda Matailo.
No hay expedientes
El lunes 7 de febrero de 2022 al centro carcelario local arribaron 14 varones y una mujer, de las 108 personas privadas de la libertad que fueron desplazadas a las cárceles de las ciudades de Cuenca, Latacunga y Portoviejo aduciendo un hacinamiento y falta de seguridad en el Centro de Rehabilitación Social de Loja.
«La falta de seguridad no puede haber porque el centro carcelario de Loja está catalogado como de mínima seguridad; el hacinamiento podrá existir, pero no hay catástrofes como manda el reglamento que afecten la situación de las personas privadas de la libertad para que sean trasladadas», aclara Granda Matailo.
El especialista en materia penitenciaria indica que de ninguno de los 108 internos desplazados a las cárceles de esas ciudades hay un expediente (carpeta) en donde consten informes sobre las faltas disciplinarias que devengan de un mal comportamiento u otro hecho que no se justifique en derecho en contra de ellos.
Distante del núcleo familiar
Uno de los internos que patrocina Granda Matailo está en la cárcel de Portoviejo y su familia vive en un cantón de la provincia de Loja, en donde por la cercanía debe permanecer en la localidad, para que su familia pueda visitarlo. Ese, también, será el argumento del abogado para que él regrese a la cárcel local en donde fue sentenciado.