‘Si hay prisiones que no cumplen las condiciones mínimas, ¿de qué rehabilitación hablamos?’

Pablo David Punín dice que jueces y fiscales utilizan mayoritariamente las órdenes de prisión y que ello origina el hacinamiento. 

El experto considera que de nada sirve contratar más personal y construir más cárceles, si no hay una política pública.  

“La situación carcelaria es muy profunda y compleja. Es la suma de varios factores que, históricamente, han derivado en esta problemática que ha explotado hoy en día”. Así define el catedrático universitario y experto en criminalística y crisis carcelaria, Pablo David Punín Tandazo, frente a la ola de violencia y muertes que se suscitaron en días anteriores, en la Penitenciaría de Guayaquil.

Una rehabilitación social deficiente

En su criterio, en el país, desde hace décadas, ha imperado un modelo de rehabilitación social deficiente, sin que se haya centrado en la razón misma de la problemática, entonces, dice ser hora de dejar de ver en el castigo y en el Derecho Penal como formas de solución a todos los inconvenientes, sino que es necesario darle otro enfoque.

“Es por eso que, justamente, necesitamos una atención integral, es decir, ya no solamente desde el Derecho Penal, sino del aspecto criminológico, psicológico y también qué pasa con las cosas buenas que se ejecutaban y que se han dejado de hacer, manifiesta el profesional lojano.

Hacinamiento en las cárceles

Opina que todas las falencias existentes en el sistema de la justicia penal del Ecuador desembocan en los problemas que adolece el tema carcelario, alimentado por el hacinamiento.

“Está comprobado científicamente que cuando hay prisiones con condiciones de hacinamiento, la tendencia es un malestar porque el Estado no alcanza a cubrir las necesidades de todos los internos, ni a brindarles las garantías mínimas, ni a cumplir los derechos y el tratamiento que deben tener”, precisa el abogado.

Acota que, en este sentido, las personas al interior de las cárceles empiezan a tener necesidades, ni siquiera de lujo, sino básicas, que el Estado no les brinda, luego, se origina un clima de malestar que siempre termina en violencia.

Jueces y fiscales mandan a prisión

Pablo Punín Tandazo comenta que, si hay fiscales y jueces que utilizan de manera mayoritaria la prisión, es evidente que se tendrá un alto índice de ingresos a las cárceles, al cual se suma las reformas penales que concluyen en el endurecimiento de las penas con períodos de encierro más largos, entonces, deriva en el hacinamiento y la generación de violencia.    

Respecto a si hay salida a la actual crisis carcelaria, considera que sí, pero que el problema allí es el cómo. Cree que una tabla de salvación sería evaluar qué se ha hecho bien en este campo, también adoptar ejemplos de otros centros regionales y mundiales, pero, sobre todo, que se aplique correctamente la ley como la aplicación de la pena privativa de libertad solo cuando lo amerite.

Expresa que este panorama desalentador cambiaría diametralmente si los jueces y fiscales no utilizaran la medida de prisión de manera mayoritaria, sumado a ello la implementación de una adecuada política pública a largo plazo. Asimismo, enfatiza la necesidad de cambiar el modelo, atacando las desigualdades existentes en la sociedad, tendientes a reducir los índices de inseguridad, criminalidad y reincidencia.

No hay rehabilitación social

El especialista en criminalística asevera que no hay una verdadera rehabilitación en los centros carcelarios, porque el Estado no redirige bien los recursos, ni plantea una política pública.

“Si tenemos prisiones que no tienen las condiciones mínimas para dar un trato adecuado, jamás podremos hablar de rehabilitación. De qué rehabilitación hablamos si mandamos a personas a cumplir una pena dentro de centros sin agua, sin atención médica, ni psicológica, sin comida apropiada. En este aspecto, el Estado queda debiendo”, señala.

PARA SABER

Pablo David Punín Tandazo es abogado, máster en Criminología y Ejecución Penal, estudiante de doctorado, docente universitario y coordinador del Observatorio de Criminología, Política Criminal y Ejecución Penal. Tiene 25 años.