El debate entre la presencialidad y la virtualidad no está agotado, sigue vigente hoy más que nunca luego de que el COE Nacional autorizó el retorno progresivo y voluntario a clases en las unidades educativas.
De acuerdo con el Ministerio de Educación, son 15.135 instituciones que han entregado su plan de funcionamiento, de estas 5089 han solicitado regresar a clases en forma presencial, de las cuales se aprobó el pedido a 1102 unidades educativas a nivel nacional: 1102 son rurales y 199 son urbanas.
Nadie puede dudar la buena intención detrás de esta medida ni la preocupación de las autoridades de garantizar la salud y bienestar de quienes deciden regresar a clases de manera presencial. Hay casi un consenso que la ausencia prolongada de los estudiantes en clases presenciales causa impacto en los aspectos académicos y sicológicos. A esto se agrega que no hay las condiciones básicas para la educación virtual, por la inequidad entre las zonas urbanas y rurales para acceder a la tecnología, a lo que se agrega la dificultad para adaptar medidas de bioseguridad en las escuelas y los colegios.
No obstante, los críticos al plan retorno a clases presenciales advierten que no es el momento para cumplir con tal medida por el número de contagios que crecen a diario, las nuevas variantes del virus que aparecen, los centros médicos atraviesan momentos críticos con ocupación máxima, y porque no hay consenso entre instituciones, profesores y padres de familia alrededor de las garantías de seguridad en las unidades educativas.
El plan en vigencia es voluntario, ningún padre de familia está obligado a enviar a su hijo a clases presenciales en contra de su voluntad. Los alumnos que no retornen a las aulas pueden seguir recibiendo clases bajo la modalidad virtual. Las instituciones que reanudan mañana clases presenciales deben respetar el aforo y evitar aglomeraciones en sus sedes.
César Sandoya Valdiviezo
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