Procurador síndico del Municipio de Loja: La acción de incumplimiento no nos va a afectar

Luis Tapia, procurador síndico del Municipio de Loja.
Luis Tapia, procurador síndico del Municipio de Loja.

La acción de incumplimiento constitucional en el caso de la reapertura de las paradas del Sistema Intermodal de Transporte Urbano (SITU) solo involucra al Consorcio de Transportistas Urbanos ‘Ciudad de Loja’ y no a la alcaldesa, Patricia Picoíta Astudillo. Así lo señala Luis Tapia Montesdeoca, procurador síndico del Municipio de Loja.

Con fecha 20 de julio de 2022, la acción de incumplimiento fue ingresada a la Corte Constitucional y, mediante sorteo, fue asignada a la jueza Karla Elizabeth Andrade Quevedo, quien deberá pronunciarse sobre la sanción de destitución de las autoridades del Consorcio y de la alcaldesa por el no cumplimiento de la reapertura de las paradas, cuyo plazo feneció el 24 de mayo pasado.

El procurador síndico señala que la sentencia de segunda instancia de la acción de protección favorable a representantes de sectores sociales y personas con discapacidad, concedió al Consorcio 20 días para que habilite las paradas, mas no a la institución municipal. “Por lo tanto, ahí el abogado patrocinador de los accionantes cometió un craso error al no solicitar una aclaración y ampliación a esa sentencia”, afirma Tapia Montesdeoca, agregando que ya la sentencia está en firme y que como Municipio no tienen ningún temor por la acción de incumplimiento presentada. Asegura que este recurso no va a afectar a la entidad municipal ni a la alcaldesa.

Sin embargo, expone que de ser notificado el Municipio respecto a la acción de incumplimiento, presentarán la documentación para que luego se dé paso a una audiencia para ver si procede o no dicha acción. “No es que solo con el planteamiento de la demanda, ellos (abogados de accionantes) lo tienen ganado por decirlo así al proceso. Eso es totalmente falso. Ese proceso se ve expuesto también a pruebas, a informes”, refiere.

PARA SABER

Con fecha 20 de julio de 2022, la acción de incumplimiento fue ingresada a la Corte Constitucional.