Posibles soluciones para la masacre carcelaria

Las masacres carcelarias en Ecuador continúan, han hanido más de 350 muertes violentas entre 2021 y lo que va de 2022. La última cifra la muerte de 44 personas en Santo Domingo. Para los inspiradores de la mano dura, la respuesta es obvia: ¡construir más cárceles! Pero si los patrones delictivos continúan y los procesos judiciales no tienen reformas profundas, es un proceso insostenible. Entonces ¿Qué se puede hacer?

Remplazar las condenas en prisión por medidas sustitutivas. Como detalla la agenda de conocimiento de Seguridad Ciudadana y Justicia del BID, al menos cuatro propuestas de penas alternativas a la prisión han demostrado su efectividad:

Monitoreo electrónico. Di Tella y Schargrodsky (2013) “analizan el efecto de sistemas de monitoreo electrónico en procesados y encuentran que cuando a un individuo se le trata en prisión, su probabilidad de reincidir es 9 puntos porcentuales más alta que cuando se le asigna un brazalete electrónico”.

Libertad condicional. Kuziemko (2013) “demuestra que la posibilidad de que se conceda libertad condicional anticipada incentiva a los privados de la libertad a invertir en su propia rehabilitación, conllevando a una disminución en los niveles de reincidencia. La autora asimismo encuentra que eliminar los beneficios de la libertad condicional incrementaría el costo del sistema penitenciario entre 5% y 7%”.

Servicio comunitario. Wermink et al. (2010) “evalúan el impacto del servicio comunitario en la reincidencia y encuentran que mientras que el 52% de los infractores que no llevaron a cabo trabajo comunitario reincidieron, solo el 28% de los infractores que participaron en actividades de servicio a la comunidad cometieron un delito nuevamente”.

Justicia terapéutica. Gottfredson et al. (2003) “examinan el efecto de los tribunales de tratamiento de adicciones y señalan que la tasa de reincidencia de aquellos individuos sujetos a rehabilitación basada en terapia médica y psicológica integral es 16 puntos porcentuales menor que la de los infractores que no reciben tratamiento de desintoxicación”.

Pablo Ruiz Aguirre

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