Padres manifiestan que medida es por las pensiones. Dirigente habla de vulneración de derechos. Defensoría, a la espera de perjudicados.
Varios padres de familia de un colegio religioso de la ciudad de Loja, de la provincia de su mismo nombre, están preocupados porque ayer, jueves 21 de enero de 2021, los directivos ejecutaron una advertencia de hace meses, dejando al margen de las clases virtuales a las estudiantes.
Los representantes, que pidieron la reserva de sus nombres por temor a las represalias, señalaron que esta acción de negar la educación se da, precisamente, en un tiempo donde la pandemia del coronavirus sigue golpeando a la humanidad y sumiendo en la crisis, especialmente económica.
Fuera por falta de pago
Un padre de familia, cuya hija se encuentra en segundo de bachillerato, cuenta que ayer la extrañaron de clase, bajo el argumento que se encuentra debiendo las pensiones y que no puede seguir hasta que cancele el valor que, efectivamente, dice se encuentra en mora.
Sin embargo, considera que no es la forma de actuar del establecimiento porque ahora su hija ha dicho que, así pague la cuota, no se reintegra porque se la estigmatizó y sus compañeros de aula se burlarían.
“Me encuentro indignado por la falta de sensibilidad. No queremos ni hemos pedido que nos regalen nada, solo que entiendan la realidad económica y productiva del país. Poco a poco, pagaremos las pensiones de nuestros hijos”, dice en tono molesto este padre, quien tiene tres hijos más y teme que corran la misma suerte.
Desempleado desde el año pasado
Otro padre de familia, desempleado desde el año anterior y que ahora instaló un emprendimiento para alcanzar algún ingreso, dice que la actitud de las autoridades del plantel es preocupante, principalmente si al momento de reclamar responden que lleven a sus hijos a otra entidad.
Sin negar que adeuda la pensión y que en virtud de la crisis no puede cubrirla al momento, opina que la medida adoptada no está bien y que raya en lo inconstitucional y hasta de “abuso de autoridad en un colegio donde debe obrar la humildad”.
Acota que son algunos los estudiantes que fueron sacados de las clases virtuales y que, al igual que él, están molestos los padres de familia. “Estoy desilusionado porque hoy (ayer) las bloquearon a mis dos hijas, la una en noveno año de básica y la otra en segundo de bachillerato”.
Dice que, ante la advertencia de bloquear la plataforma, varios representantes fueron en busca de un diálogo con la autoridad, sin embargo, no les dio oídos.
Padre y madre, sin trabajo
Una madre de familia, quien junto a su esposo perdió el trabajo, manifiesta que desde la semana anterior se vino señalando que paguen las cuotas, por lo menos hasta diciembre de 2020 y que, caso contrario, no podrán ingresar a clases.
Comenta que, en su caso, debía las pensiones desde septiembre, que inició el año lectivo 2020-2021, y que, dada la amenaza, hizo esfuerzos sobrehumanos para cancelar todos los meses, sino este rato, según dice, estaría, al igual que otros hogares, lamentándose por la suerte de su hija, de cuarto año de básica, apartada de la educación.
Tras revelar que la presión del plantel para que pague las cuotas fue intensa, a tal punto que no podía acceder a la plataforma para ver las calificaciones de su hija, porque fue bloqueada, califica la disposición como drástica e inhumana y que bien se pudo llegar a un diálogo con los padres de familia que no pueden cubrir las pensiones por la falta de dinero, originada por la pandemia del coronavirus.
La realidad de la educación ecuatoriana
En el gremio de los docentes también hay inquietud. Gilbert Granda Romero, presidente del núcleo de Loja de la Unión Nacional de Educadores (UNE-L), opina que las denuncias de los padres de familia desnudan la realidad que vive la educación ecuatoriana en tiempo de pandemia, en especial, los niños, jóvenes y padres de familia.
Considera que esta actitud asumida vulnera los derechos de los estudiantes y muestra también la “actitud inhumana con la cual las instituciones particulares administran la educación en el país”.
Dice que no se puede permitir que, so pretexto de no cubrir las pensiones, se perjudique a los estudiantes cuando la propia Constitución establece que, bajo ningún motivo, se puede dejar sin educación a la niñez y a la juventud, principalmente en este tiempo que los padres de familia han sido despedidos de sus trabajos y lo que es crítico: no hay fuentes de ocupación.
Exhorta a las autoridades de Educación, tanto de la Zonal como Distrital, a actuar de manera inmediata y no se siga conculcando “derechos contemplados en la Constitución de la República del Ecuador, en la Ley Orgánica de Educación y su reglamento, así como en tratados y convenios internacionales donde el país es suscriptor”.
A denunciar en la Defensoría del Pueblo
En la Defensoría del Pueblo de Loja, a decir de su titular, Mariana Cueva, aún no ha llegado denuncia alguna, quizá porque el caso le compete directamente a las autoridades de Educación, sin embargo, de no haber atención allí, los padres de familia pueden acudir a esa entidad para presentar los casos, que puede ser de manera física o también virtual.
La funcionaria informa que las oficinas de la Defensoría, ubicadas en la avenida Cuxibamba y Tena, están abiertas de 08:30 a 17:00. Allí se receptan las quejas o también al correo mariana.cueva@dpe.gob.ec o a la página www.dpe.ec
CLAVE
Diario HORA32 intentó recabar un criterio de la coordinadora Zonal de Educación, Magda Salazar González, sin embargo, no hubo respuesta en su celular.
Para formular denuncias
Se receptan en la Defensoría del Pueblo de Loja, ubicada en la avenida Cuxibamba y Tena.
La atención es de 08:30 a 17:00.
Correo mariana.cueva@dpe.gob.ec
Página www.dpe.ec
DÍGITO
47 dólares, aproximadamente, es el costo de la pensión por un alumno que cursa el cuarto año de básica.