La división clásica en tres poderes o funciones del Estado —legislativa, ejecutiva y judicial— acompañada de un sistema de “frenos y contrapesos”, es un pilar esencial de la democracia. Esta idea, revitalizada por Montesquieu, sostiene que la fragmentación del poder y la capacidad de cada función para controlar a las otras evita la concentración autoritaria y protege las libertades individuales; pues, “el poder detiene al poder” dentro de un marco constitucional.
Desde que el sistema democrático se implementó en los Estados del continente americano se mantuvo esta división clásica, que establecía un equilibrio básico para garantizar la gobernabilidad democrática. Fue la Venezuela chavista, con la expedición de la Constitución de 1999, el primer Estado en establecer formalmente un sistema de cinco poderes que reemplazó al tradicional. Así, su artículo 136 dispone: “El Poder público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral”.
Como que fuera la gran cosa, el Ecuador siguió esos malos pasos; es más, se tropezó y cayó. La constitución correísta, aprobada en 2008, dispone, en el artículo 225, que el sector público comprende los “organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social”. Como eje de esta última función se creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) con competencias nominadoras que no las tiene ningún órgano de su modelo chavista; pues estas atribuciones son exclusivas de la Asamblea Nacional de Venezuela.
El Cpccs designa a todas las autoridades de control (contralor general, superintendentes), fiscal general, defensor público, defensor del pueblo y procurador general; así como a los miembros del Consejo de la Judicatura (responsables de nombrar jueces, fiscales y defensores públicos), vocales del Consejo Nacional Electoral y jueces del Tribunal Contencioso Electoral. La creación del “poder ciudadano” solo ha servido para permitir la concentración del poder político, el abuso de las potestades estatales y la institucionalización de la corrupción. Es imprescindible retornar al esquema clásico de tres funciones del Estado para fortalecer nuestro sistema democrático.
Gustavo Ortiz Hidalgo
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