El proceso democrático en el Ecuador enfrenta una de sus pruebas candentes y decisivas.
Tras la decisión del CNE de cancelar la personería jurídica de Unidad Popular, la lucha por su defensa legal se trasladó al TCE. La admisión a trámite del recurso subjetivo contencioso por parte de la jueza Ivonne Coloma, bajo la causa N° 092-2026-TCE, abre un capítulo donde la institucionalidad del país se juega su última carta de credibilidad.
Desde Unidad Popular se ha calificado a la resolución del CNE como un burdo intento de proscripción política. Las irregularidades procedimentales, los cambios de última hora en la integración del Pleno para forzar la votación y el flagrante desacato a los plazos legales delatan una intencionalidad ajena al derecho. Se pretendió borrar del registro a una organización histórica con el débil pretexto de un supuesto déficit de afiliados, ignorando la base de datos que respaldan su vigencia.
La contundente marcha realizada el pasado 27 de mayo en Quito, en defensa de la democracia y contra el fraude, representó un claro aviso de lo candente que se va poniendo el escenario político en el país. Esta movilización en las calles de la capital demostró que los sectores sociales no serán observadores pasivos ante los atropellos del CNE.
La jueza Coloma tiene en sus manos una responsabilidad histórica. Actuar en derecho y con absoluta imparcialidad no es una opción para el TCE; es una obligación constitucional. Si bien la celeridad con la que se admitió el recurso y la orden dictada al CNE para entregar el expediente son pasos iniciales en la vía del debido proceso, la verdadera imparcialidad se demostrará en la justicia de la sentencia definitiva. El TCE tiene hoy la oportunidad de reivindicar el Estado de Derecho o de sellar un peligroso precedente de persecución política. La personería de la Lista 2 le pertenece al pueblo y se defenderá tanto en lo jurídico, así como en las calles del país.
Remo Cornejo Luque
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