Las denuncias del presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Jorge Wated Reshuan, de un perjuicio a escala nacional en ciertas unidades médicas de 5,7 millones de dólares en medicamentos caducados y que en Loja también registró una pérdida de 654.945,50, siguen generando reacciones.
Causa indignación
El jurisconsulto lojano, Fausto Moreno Sánchez, dice que lo sucedido en el Seguro Social origina indignación, tanto en afiliados, jubilados y pensionistas, y que ello, al estar supuestamente caducados, entraña una irregularidad tipificada en el Código Integral Penal.
El caso, en su criterio, debe conocer la Contraloría General del Estado y establecer la existencia de la infracción y tras aquello viene la etapa de instrucción para la formulación de los cargos en contra de los funcionarios involucrados, dentro de cualquiera de las tipificaciones referida a la contratación pública.
Sobre el criterio de sectores lojanos que consideran que no habrá sanción alguna por el presente caso, el profesional del Derecho considera que hasta ahora «ha venido cubriendo esta sarta de ilícitos un manto de impunidad y ello se debe a la pasividad de los usuarios”.
En este contexto, llama a los afiliados, a los jubilados y a los pensionistas a estar pendientes de este particular y exigir que se establezcan las responsabilidades y las sanciones correspondientes.
Respecto a si estos casos de medicamentos caducados y el perjuicio al Estado y a los usuarios del IESS se dan porque este sector no tiene su representante en el Consejo Directivo, Fausto Moreno dice que, independientemente de ello, lo fundamental es que las organizaciones sociales, en particular las conformadas por afiliados, pasivos y pensionistas, tengan presencia.
Caso contrario, añade, como ocurre en la actualidad, el Gobierno Nacional y los operadores de Justicia dejarán en la impunidad este “tipo de ilícitos y se seguirán cometiendo otros, aprovechándose de esta pandemia el Estado, lejos de combatir al Covid-19, lo ha utilizado para cometer cosas como las que estamos comentando”.
Aparte de los afiliados, jubilados y pensionistas, el jurista considera que otros sectores sociales también deben intervenir en forma activa, en razón que “estamos huérfanos en representación en lo que concierne a partidos y movimientos políticos”.
DÍGITO
En el Hospital Manuel Ygnacio Monteros se denuncia un perjuicio que asciende a 455.451,31 dólares, y en el CSB de Cariamanga, 199.494,19, en fármacos caducados.