Las políticas públicas fomentan el desarrollo y la solución de problemáticas sociales para lograr impactos positivos para las personas. En este sentido, establecer claramente si sus efectos se han producido o no constituye una interrogante primordial para determinar su pertinencia.
En esa perspectiva, la evaluación de las políticas públicas y la producción legislativa es una de las herramientas más importante de las administraciones modernas, como práctica responsable en la toma de decisiones basadas en evidencias para la generación de normativas en beneficio tangible de la población.
La implementación de procesos de evaluación constituye un desafío estructural en la gestión pública, para el cambio de paradigma de un enfoque centrado en “hacer leyes” hacia uno orientado a “generar impactos”, pues muchas veces los actores públicos o autoridades encargadas de la legislación, priorizan la cantidad de leyes formuladas antes que determinar su efectividad y si consiguen los objetivos y los resultados para los que fueron creadas; sobre todo determinar si realmente la política pública logró cambios observables en la sociedad.
Como resultado de ello se generan criterios divididos en la población: mientras algunos respaldan las políticas, otros las perciben como ineficaces, poco pertinentes, con contradicciones, de difícil aplicación, y lo más grave, normas ajenas a las necesidades territoriales, sin impacto significativo, resultando como se conoce en el argot popular en “letra muerta”.
Por tanto, promover una cultura de evaluación es una estrategia indispensable, porque “la política no garantiza la acción”. La legislación plantea lo que se debe hacer, pero no asegura el cumplimiento ni la obtención de efectos reales, aspecto fundamental en una sociedad que demanda hechos y no palabras.
Por esta razón, las instituciones públicas deben orientar su accionar a la optimización de las capacidades de gestión institucional, superando la percepción de que la evaluación constituye un mecanismo de control o sanción. Por el contrario, esta debe consolidarse como una herramienta de aprendizaje estratégico y soporte técnico fundamental para el perfeccionamiento de las políticas públicas y la formulación de nuevas regulaciones con mayor probabilidad de éxito.
Esto permitirá ejecutar un modelo de gobernanza basado en los principios de la gestión pública moderna que, incentiva la participación ciudadana, el control social y fortalece los procesos de transparencia; asegurando que las políticas aporten de manera eficaz y contundente al desarrollo local y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Wilson Geovanny Patiño Valdivieso
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