Habla que todo fue una trampa y que el Ayuntamiento no se defendió para que la firma le cobre y luego aplicarle a él la figura de repetición y afectarlo políticamente.
El caso Safety-Municipio de Loja es una farsa. Así considera el exalcalde de Loja, José Bolívar Castillo, quien dice que en este tema hubo contubernio y que lo único que se persiguió es hacerle daño a él políticamente. Considera que en este tema no pasará absolutamente nada.
Contrato de cinco años
Safety tuvo a su cargo el control de los límites de velocidad en el cantón Loja mediante fotorradares, tras un contrato suscrito por cinco años con el Municipio (5 de mayo de 2015 al 5 de mayo de 2020). El 6 de mayo, un día después de finalizado, el alcalde de ese entonces, Jorge Bailón Abad, dio por terminado el acuerdo.
A partir de allí inició una batalla judicial entre el Municipio y Safety. En mayo de 2022, la jueza de Quevedo, Jenny Patricia Freire, al admitir una acción de protección de la compañía, dispuso que el Municipio cancelara alrededor de 12 millones de dólares. Luego, un informe de una perita establece que el Ayuntamiento pague 13 millones con 100.000 dólares, aproximadamente. Hasta que, con fecha 26 de octubre de 2023, otra perita, Suly Estefanía Pérez, asegura que la entidad municipal no debe valor alguno a Safety.
José Bolívar Castillo insiste que todo esto es una farsa, montada desde el inicio, en 2013, cuando se suscribió el contrato con el entonces burgomaestre, Jorge Bailón Abad, que, al considerarlo lesivo, cuando él asumió la alcaldía no aceptó aquello.
Claves a Safety
Acota que incluso llevó este caso a la Fiscalía, cuando descubrió que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), “cumpliendo consignas políticas de querer quitarle a los municipios las competencias de tránsito”, le pasó en secreto las claves a Safety que, a partir de allí, se convirtió en sancionadora y no el Ayuntamiento, apareciendo en el sistema más de 1.500 multados, siendo lo correcto únicamente 446, según el registro municipal.
Entonces, dice el exalcalde, empezó a dudar de la empresa y esta, al considerar que no puede hacer negocio con su administración, “hizo contacto con la supuesta oposición, capitaneada desde las más altas instancias del Estado”.
Acota que todo fue un contubernio entre el exalcalde Bailón y Safety para impedirle participar en el proceso electoral de esa época y que sobre la base de mentiras lograron manejar la campaña electoral. Sobre el último informe de la perita, Suly Pérez, asegura que no pasará nada porque la demanda de la empresa debió hacerse en la jurisdicción, Loja, donde se suscribió el contrato y no en Quevedo que nada tiene que ver con Loja.
‘No tiene ni patas ni cabeza’
“Todo eso fue una trampa, el Municipio no se defendió e hizo contubernio para que la firma le cobre y luego aplicarme la famosa repetición a mí”, expresa José Bolívar Castillo, al tiempo de señalar que a la entidad municipal nunca se le cobrará los 12 millones de dólares porque Safety demandó en Quevedo y no en Loja, “eso no tiene ni patas ni cabeza y los viajes a esa ciudad de los abogados del foro lojano fue una tragicomedia, una farsa destinada a irrogarme daño a mí, dañarme mi campaña electoral, evitar que yo sea reelegido alcalde y allí están las consecuencias”, manifiesta.
PARA SABER
El contrato entre el Municipio y Safety para el tema control de velocidad en las calles lojanas fue de cinco años.