Si mañana tuviera que someterse a una cirugía cardíaca de alta complejidad, ¿aceptaría que lo operara alguien sin título de cirujano? Seguramente no. Gobernar no es lo mismo que operar un corazón, pero comparten algo esencial: las decisiones de quien las ejerce pueden cambiar una vida o, en el caso de quien gobierna, la de miles a la vez. ¿Por qué, entonces, con tanta frecuencia votamos por candidatos que no demuestran conocimiento ni experiencia en gestión y administración pública?
Nuestro ordenamiento jurídico garantiza, como derecho constitucional, que casi cualquier ciudadano pueda postularse a un cargo de elección popular. Sin embargo, no exige demostrar competencias mínimas para administrar instituciones y recursos públicos, ni para diseñar políticas o evaluar sus resultados. Paradójicamente, una de las responsabilidades con mayor impacto social puede ejercerse sin acreditar ninguna preparación.
Gobernar no es solo tener buenas intenciones. Es priorizar entre necesidades que compiten por los mismos recursos, y asumir las consecuencias de cada decisión. Por eso no basta con prometer: hay que explicar cómo, con qué recursos y en cuánto tiempo se cumplirá cada promesa de campaña.
Sin cuestionar el derecho de cualquier ciudadano a ser elegido, vale la pena debatir si quienes aspiran a gobernar deberían demostrar conocimientos básicos de gestión pública. Pero mientras ese debate no se traduzca en reformas concretas, la mayor responsabilidad sigue recayendo en el elector. Cuando un candidato visite su barrio, no se conforme con escuchar promesas: pregúntele cómo piensa financiarlas, de dónde saldrán los recursos y cómo resolverá los problemas reales del municipio.
La calidad de una democracia depende tanto del derecho a postularse como del rigor con que los ciudadanos eligen a quienes van a gobernarlos.
Víctor Antonio Peláez M.
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