“Todas esas personas que son responsables de este nefasto daño a Loja, prácticamente tendrán que responder en su momento”, dice el procurador síndico.
El Municipio de Loja continúa a la espera de recibir la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo con sede en Guayaquil, respecto al monto económico que debería pagar a la empresa Safety Enforcement, la cual es conocida a nivel local porque en años anteriores se encargó del control de los límites de velocidad mediante fotorradarres.
Se debe recordar que esta compañía presentó una acción de protección que inicialmente fue aceptada por una jueza de la provincia de Los Ríos, cuya sentencia determinó que el Municipio debe pagar alrededor de 12 millones de dólares. Esa decisión fue apelada por la entidad lojana y en mayo de 2022, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Los Ríos emitió el fallo que si bien no ratifica ese millonario monto, sí establece una reparación económica a cancelar, cuyo valor debe ser determinado “en trámite contencioso administrativo conforme al artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional”.
Dicho monto es el que aún no se ha determinado y el Municipio de Loja continúa a la espera de conocerlo. El procurador síndico de la institución, Luis Tapia Montesdeoca, deja en claro que el Municipio no tiene perdido el caso ante Safety, aunque señala que de establecerse de parte de ese Tribunal Contencioso Administrativo un valor a pagar, cumplirán con esa obligación, pero también se iniciarán procesos de repetición contra los exfuncionarios o funcionarios que dieron paso al contrato para las fotomultas. “Todas esas personas que son responsables de este nefasto daño a Loja, prácticamente tendrán que responder en su momento”, expresa.
Con los procesos de repetición, explica el procurador síndico, quienes tuvieron responsabilidad en el caso deberán reembolsar el dinero que egrese del Municipio. “Ese dinero debe ser recuperado”, manifiesta.
PARA SABER
El procurador síndico del Municipio aclara que el caso de Safety no se originó en la actual administración que preside la alcaldesa Patricia Picoíta Astudillo.