En estos momentos en los cuales el mundo entero atraviesa una pandemia, algunos países como España, Brasil, Uruguay, Argentina, entre otros, migraron a la modalidad de teletrabajo y se adaptaron a figuras ya previstas en sus legislaciones como es una Administración Pública electrónica o digital, en las que efectivamente ya es común utilizar las nuevas tecnologías para facilitar los procedimientos administrativos de trámites ciudadanos, talento humano, contratación pública, e incluso se habla de inteligencia artificial que permita garantizar con mucha más profundidad los principios de publicidad y transparencia, pues si deseamos resultados más efectivos para combatir la corrupción, es imperioso mayor información a la ciudadanía y facilitar el acceso a que se puedan examinar los procedimientos de contratación desde la etapa de la planificación.
Lamentablemente en el Ecuador, los procesos de automatización y digitalización en el Sector Público no son cotidianos en el ejercicio de actividades de los servidores públicos, lo que deja una deuda adicional por parte de la Asamblea Nacional, de legislar e implementar reformas en las diferentes leyes que regulan el ámbito público, que posibiliten, exijan y permitan adecuar una administración pública electrónica, con la finalidad de optimizar, destrabar e incorporar superiores mecanismos de control previo en el ejercicio de funciones de los servidores y oferentes, para de esa manera tener una compra pública más eficiente y transparente, en la cual cualquier ciudadano pueda acceder de forma rápida, segura y oportuna a obtener cualquier tipo de información no reservada.
Daniel Alexander González Pérez
@dagonzalezp