Cada vez hay más convencidos de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) debe eliminarse del ordenamiento jurídico ecuatoriano. La Corte Constitucional ha dicho que para esto se requiere una reforma constitucional en la que, necesariamente, debe intervenir la desprestigiada Asamblea Nacional. Por el momento esta vía es más complicada.
Lo que sí es factible, de acuerdo con el criterio de la Corte Constitucional, es eliminar las competencias nominadoras del Cpccs. Para tal efecto hay que realizaruna enmienda constitucional; es decir, que el presidente de la República convoque a un referendo y que sea el pueblo ecuatoriano quien se pronuncie en las urnas.
No solo el Cpccs es una aberración institucional, también lo es el Consejo de la Judicatura. Este engendro de la Constitución de 2008 es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. Entre sus principales funciones está la de “dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como, su evaluación, ascensos y sanción”.
Es decir, el Consejo de la Judicatura es el responsable de designar, evaluar, ascender y sancionar a los jueces y fiscales. El excesivo poder de este órgano ha permitido que varios de sus miembros manipulen el sistema de justicia y que este sea contaminado por la politiquería y la mafia. Su eliminación o reestructuración es otra tarea pendiente para los ecuatorianos.
Gustavo Ortiz Hidalgo
gortizhidalgo@yahoo.com