Son alrededor de 300 docentes titulares los que están en este problema.
“Los docentes de la Universidad Nacional de Loja (UNL) venimos atravesando problemas”. Así lo manifiesta el presidente de la Asociación de Profesores de ese centro de estudios superiores (APUL), Thuesman Montaño Peralta.
En 2010, se promulgó la Ley de Educación Superior y en 2012, el reglamento del docente universitario, que obligaba a todos a ubicarse en una nueva escala. “Eso no lo buscamos y para ello tuvimos que perfeccionarnos en maestrías y doctorados, con una inversión económica”, dice.
Tras informar que hasta ahora la gente se sigue capacitando para que pueda desenvolverse como docente, recuerda que en 2018 se crearon en la UNL el reglamento de escalafón y una comisión.
En octubre de 2018, a decir del dirigente, el propio rector, Nikolay Aguirre Mendoza, llamó a presentar documentos y ofreció en el mismo año ubicar a los docentes, sin concretarse, lo cual llevó a 12 catedráticos a demandar ante la Corte de Justicia, entidad que, en dos instancias falló, a favor de los peticionarios.
Los profesores de la Alma Máter pidieron al órgano de Justicia que se cumpla con la ubicación, es decir, que se emita la acción de personal. “No estamos en la cuestión económica todavía. Es la única universidad del país en donde no estamos recategorizados”, asegura.
Sobre si la autoridad universitaria cumplió ya el mandato de la Corte, Thuesman Montaño expresa que aún no lo hace, pese a que la jueza le viene insistiendo cumpla con esas sentencias y que más bien el rector envía documentos sin firmar, “eso no es ético”.
Acota que la jueza delegó a la Defensoría del Pueblo para que en tres días, a partir del 26 de agosto de 2020, cumpla con la sentencia, caso de no hacerlo iría a la Corte Constitucional y eso “podría llegar hasta la destitución del rector”.
Son alrededor de 300 docentes titulares los que están en este problema. Montaño hace conocer que 110, que se encuentran a punto de jubilarse, tienen un reglamento de escalafón previo. En su criterio, la autoridad quiere que pase el tiempo para que estos últimos no puedan acogerse a este beneficio.
“Los catedráticos, para perfeccionarse académicamente, en maestrías y doctorados, tuvieron que realizar considerables inversiones, incluso han acudido a préstamos bancarios”, precisa y añade que, incluso, la vicerrectora, Mónica Pozo V., en abril de 2019, le presentó los informes, sin embargo, la autoridad, luego de varios meses, dice que están incompletos. “Aquí hay un problema entre rector y vicerrectora y en medio de la cancha estamos nosotros”, revela.
La Defensoría del Pueblo, a decir del presidente de la APUL, debe hacer cumplir que se reconozca la inversión en el abogado para la demanda y que el rector publique en el Internet y en medios de comunicación que se ha violentado los derechos. Este acto administrativo fue dispuesto por la jueza.
Hasta este miércoles tiene plazo el rector para cumplir lo dispuesto. “Si es de ir a la Corte Constitucional, iremos porque no se puede burlar el derecho de los docentes”, precisa.
PARA SABER
HORA32 quiso recabar un criterio de la autoridad de la UNL, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se pudo lograr.