Un país que no respeta la independencia de funciones no puede llamarse tal. Lo que queda, en su lugar, es apenas una horda que gira en torno a quien detenta el poder, sin importar el nombre ni el color político de turno. El poder, reducido a conveniencia, termina arrasando con las instituciones, debilitando la República y dejando a la sociedad sin brújula moral ni jurídica.
Los recientes ataques a la Corte Constitucional, a través de carteles que no buscan discutir fallos, sino desacreditar a los jueces, ilustran con claridad este problema. No estamos ante un debate de ideas, sino ante una cacería de brujas que recuerda más a la Edad Media que a un Estado moderno. En vez de encender faros para orientar el camino colectivo, se prefiere apagar toda luz, quemarlo todo y reducir al silencio cualquier voz incómoda.
Y conviene subrayarlo: este no es un asunto de derechas o izquierdas, ni de banderas partidistas. No se trata de apoyar al gobierno o a la oposición. Se trata, sencillamente, de defender principios democráticos mínimos, que deberían estar por encima de toda etiqueta ideológica. Sin independencia judicial, sin respeto a la deliberación, sin contrapesos institucionales, la democracia deja de ser democracia para convertirse en espectáculo o en tiranía.
Lo que el país necesita, frente a cualquier autoritarismo —provenga de donde provenga—, es más democracia. Más participación ciudadana, más rendición de cuentas, más debate informado. Y frente a la defensa dogmática de ideas —sean de izquierda, de derecha o de cualquier credo político—, lo que urge es más pensamiento crítico.
La verdadera civilización política no consiste en destruir al adversario, sino en aprender a convivir con él dentro de reglas compartidas. Solo así una República puede sobrevivir y crecer.
Pablo Ruiz Aguirre
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