El candidato o la candidata ganadora de las elecciones deberá, además de ejecutar su plan, enfrentar los retos del cambio climático, la geopolítica mundial, la irrupción de la inteligencia artificial y la desinformación, entre las urgencias evidentes que marcarán el bienestar.
En este escenario se precisan de orientaciones, pedagogía y adquisición de nuevas competencias para que los ciudadanos conserven sus derechos, de lo contrario la proporción de marginados se acrecentará. Pero, pese a la aceptación casi generalizada de abordar los temas que irrumpen en las agendas públicas, se perciben mayores acciones de la sociedad civil y de las empresas que del Estado.
Es cierto que los gobiernos, nacional y locales, aportan soluciones a las crisis de la inseguridad, la ausencia de servicios básicos y la corrupción, pero esto no supone alejarlos de intervenir en lo emergente porque se configuran condiciones para alcanzar mayor gobernabilidad.
En el origen de los malestares, pero también de las soluciones, están interpretaciones sesgadas, incomprensiones y percepciones erróneas edificadas por inconsistentes procesos de información. Si se comprendiese que comunicación es diálogo, tolerancia, experiencias compartidas y actuar en común, se llegarían a acuerdos en cortos plazos.
Ante los desafíos inmediatos que Ecuador y el mundo atienden, se precisan de mayor presencia y liderazgo de la comunicación pública, ya que, sin ella, los aportes de los actores privados y comunitarios quedan truncos.
Lo señalado es evidente cuando se examina el fenómeno de la desinformación, particularmente en la reciente campaña electoral. Las personas requieren de herramientas para distinguir lo que es cierto en las redes sociales, y las encuentran en los medios masivos, en colectivos, y entre sus amistades, pero en mínima medida en los medios públicos, por ello, ¿la lucha contra la desinformación debería estar liderada por el Estado a cuyo mantenimiento aportan todos los ciudadanos?
Abel Suing
arsuing@utpl.edu.ec