Ecuador no puede seguir navegando a ciegas, entre anuncios emotivos y crisis que se administran día a día. El Gobierno nacional tiene la obligación política y moral de definir un rumbo claro y sostenerlo con instituciones que funcionen, que resuelvan problemas, que expliquen con transparencia qué ocurre y que muestren, con evidencia, qué se está haciendo.
La ciudadanía ya no compra discursos; exige trazabilidad. Planificación con metas medibles, presupuesto identificado, cronogramas públicos, responsables con nombre y apellido, ejecución auditada y correcciones oportunas. Sin ese hilo conductor, cualquier plan es solo propaganda y, peor aún, frustración acumulada.
En la política ecuatoriana urge dejar los enemigos de lado. Gobernar no es vencer al adversario; es coordinar para que el Estado llegue donde hoy no llega. Se necesita un Gobierno que sea opción nacional, pero también presencia real en lo seccional, con articulación con los GAD, sector privado, academia y organizaciones sociales, sin chantajes ni cálculos cortoplacistas.
La agenda es concreta y conocida, es necesario inversión pública eficiente; carreteras que conecten producción y mercados; educación que recupere calidad y permanencia; salud con abastecimiento y gestión; seguridad con inteligencia, justicia que funcione y prevención; empleo con reglas claras e incentivos a la inversión. Los desafíos siguen ahí, como una deuda latente.
Un país cansado requiere certezas, con reportes trimestrales, datos abiertos, compras públicas transparentes y evaluación independiente. Cuando el Gobierno comunica con números y con obras, el debate se eleva; cuando improvisa, el conflicto manda. El momento exige liderazgo sereno y prioridades claras.
Daniel González Pérez
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