El reciente fallecimiento de la psicóloga de la cárcel de Loja se suma a las muertes violentas ocurridas en Ecuador en 2025. El año pasado se alertó de llegar al mayor nivel de asesinatos en la historia del país, pero el actual lo supera. En esta trayectoria quedan pocas ciudades exentas de violencia y peligros.
Los delitos que se reportan atentan contra la comunidad. Los familiares de las víctimas sufren las consecuencias de perder o ver afectado a uno de sus integrantes, pero también los ciudadanos pierden los hábitats donde ejercen sus actividades. Efectos inmediatos de la inseguridad que se viven en Ecuador son las restricciones a la movilidad, la disminución de inversiones y el deterioro de la calidad de vida.
Se abre otra brecha que aleja a los ecuatorianos del desarrollo sostenible. Muchos están edificando murallas para trabajar, estudiar y vivir en espacios seguros, prefieren estar confinados con pocas opciones a salir.
Antes era novedad residir en urbanizaciones cerradas y pese a que muchas de estas soluciones habitacionales han sido vulneradas, parece que este modelo presenta una alternativa para reducir riesgos y en algo promover la necesaria relación entre las personas. Así emergen áreas educativas fortificadas, centros de salud en perímetros privados, gimnasios y senderos en clubes deportivos, todos para quienes puedan pagar. ¿Qué pasa con los que no tienen dinero para las membresías? ¿Están condenados a ser posibles estadísticas del crimen?
El otrora país de paz es un recuerdo porque los hechos muestran incrementos en los nada honrosos rankings de homicidios. Ojalá que las primeras barreras que caigan sean aquellas que permitan a los gobernantes ver las causas de los problemas entre los excluidos de la seguridad.
Abel Suing
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