La paralización del transporte urbano en Loja no es una simple disputa gremial; es el síntoma de un sistema político que camina a ciegas mientras condena a sus ciudadanos a la inmovilidad. Cuando los buses se apagan, la ciudad se fractura. No estamos ante una protesta legítima, sino ante un secuestro del espacio público donde el rehén es, como de costumbre, el trabajador que depende de una tarifa para no perder su empleo.
El argumento de los transportistas se escuda en el alza de costos operativos y una tarifa congelada que consideran insostenible. Sin embargo, pretender asfixiar a Loja para forzar una negociación no es estrategia, es chantaje. El transporte público no es un negocio privado cualquiera que pueda bajar el telón a conveniencia; es un servicio estratégico y un derecho fundamental que sostiene la economía local. Detenerlo equivale a cortar las venas de una urbe que vive del comercio, la academia y el día a día. La lógica gremial demuestra una preocupante desconexión con la realidad de una población cuyo salario no estira al ritmo de las exigencias patronales.
Por otro lado, la respuesta municipal ha pecado de una pasividad alarmante. Gobernar no es contemplar el colapso desde el escritorio ni emitir comunicados tibios mientras las calles se llenan de peatones desesperados. La falta de autoridad y la ausencia de un plan de contingencia real desnudan la fragilidad institucional de un cabildo que reacciona tarde y mal. Si el municipio cede ante la presión del paro, sentará un precedente nefasto: que la fuerza vale más que la ley.
¿Hasta cuándo permitiremos que el derecho a la movilidad dependa del humor de un monopolio? Loja exige técnicos al volante de la ciudad y soluciones estructurales, no parches políticos que solo postergan una crisis inevitable.
Santiago Paul Saraguro Jaramillo
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