El artículo 131 de la Constitución de la República, expresa: “La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y ley, de las ministras o ministros de Estado…” Y sigue: “Para proceder a su censura y destitución se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional”.
María Paula Romo, ministra de Gobierno, después de asistir a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que la preside Elio Peña, y luego de haber expuesto sus argumentos de descargo, no convenció a los miembros de dicha comisión y ha sido llamada a juicio político ante el pleno de la función legislativa para el día de hoy. En su historial, es el cuarto juicio instaurado en su contra y su comparecencia número cuarenta.
Las razones por las que, en esta ocasión, se llama a juicio están estipuladas en el citado artículo 131, “incumplimiento de funciones”, que explícitamente tienen que ver con la aplicación de la fuerza progresiva por parte de la Policía, en los desmanes de la primera quincena de octubre 2019.
Todo hace prever que, una asamblea bastante cuestionada por el ciudadano común, que apenas le da un 2% de credibilidad a “su trabajo”, con argumentos legales de peso (art.131), pero sin calidad moral (por la serie de actos de presunta corrupción que pesan sobre casi el cincuenta por ciento de sus integrantes) procederá hoy al enjuiciamiento político de la funcionaria más destacada del actual régimen; que María Paula ha cometido errores, y ¿quién no?
Es evidente que la actual Asamblea Nacional quiere terminar su pobre ejercicio, colgándose al cuello una medalla de oro que será la censura a tan distinguida lojana. Ojalá me equivoque y en este accionar político prime la cordura y sensatez, y no los odios que tanto mal le hacen al país.