La frase suena dura, incómoda, incluso exagerada. Pero en Ecuador es inquietantemente real. Enfermarse no es solo un problema de salud: para millones de personas representa un golpe económico inmediato. Una dolencia que requiera exámenes básicos, una tomografía, una resonancia o un simple procedimiento diagnóstico, puede costar fácilmente el equivalente a un salario básico. Si el diagnóstico exige cirugía, la cifra puede multiplicarse varias veces.
La lógica es implacable. En un país donde muchos trabajadores sobreviven con ingresos menores al básico, la enfermedad y su tratamiento deja de ser un evento médico y se transforma en una crisis financiera, muchas veces insuperable. No se trata únicamente de hospitales o tecnología. Se trata de acceso real.
Cuando el ingreso apenas cubre alimentación, arriendo y servicios, la salud se convierte en un lujo. Muchos postergan consultas o ignoran síntomas, no por descuido, sino por imposibilidad. Muchos, aunque quisieran, no pueden atenderse y el desenlace empeora.
El resultado es previsible: diagnósticos tardíos, tratamientos más caros, sufrimiento prolongado. Un círculo perverso donde la pobreza enferma y la enfermedad empobrece aún más.
En Ecuador, enfermarse no debería depender del ingreso. Sin embargo, para demasiados ciudadanos, esa sigue siendo la realidad.
Más preocupante aún es que esta realidad termina normalizándose. La resignación reemplaza a la indignación, y la precariedad se acepta como destino inevitable. Pero la salud no debería ser un privilegio ni una variable dependiente del ingreso. Una sociedad que tolera esto no solo falla económicamente, sino también moralmente.
Santiago Ochoa Moreno
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