Recordando las ofertas realizadas en campaña por el actual presidente de la República del Ecuador, vemos que muchas de ellas se han ejecutado; pero las que no se han realizado, son las referentes a la revisión de la tramposa, turbia y pueril norma – aplicada en el gobierno de Rafael Correa- que establece que las pensiones jubilares deberán subir de acuerdo a la inflación; y, sobre todo y, ante todo, la de la implementación de la pensión mínima jubilar en un salario básico.
La mayor parte de los críticos coinciden que estas promesas de campaña, deberían estar dentro las prioritarias, pues las remuneraciones que actualmente perciben los jubilados – que no han sido revisadas por más de ocho años- nos le alcanza ni para cubrir las mínimas necesidades. Es más: Esta marea implacable de crueldad e injusticia que actualmente enfrentan, la mayor de las calamidades es que existe un gran porcentaje que perciben pensiones de $ 225,00 y 250 mensuales, lo cual deja en claro la existencia de un patrón apolillado de barbaridad para discriminar a los jubilados.
¡Lo sé! ¡Lo sé! que es un asunto complejo y difícil de resolverlo, pero, dicho esto, pienso que, ha llegado el momento de encontrar una solución a este problema, porque no se puede seguir mancillando la dignidad de estas almas que han dejado una huella imborrable y sabia para el desarrollo de nuestro país.
En mundo de tantos avances tecnológicos, científicos y sociales, ciertos derechos -sobre todo el de los jubilados- ya no pueden seguir siendo desatendidos por los gobiernos de turno. El Ecuador tiene que lograr que el IESS garantice el respeto a los derechos de los jubilados, y la única autoridad capaz de lograrlo es el gobierno, como juez de última instancia.
Jaime A. Guzmán R.
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