La regla del 70 / 30

La reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) introdujo una regla de asignación mínima prioritaria que obliga a los GAD provinciales y municipales destinar al menos el 70% de su presupuesto institucional anual codificado de egresos no financieros, a ‘gasto no permanente de inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, bienes y activos públicos que soportan la prestación de servicios públicos’, es decir, ahora para mantener las transferencias del gobierno central hacia los GAD previstas en el Art. 192 del COOTAD, esto es, del 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los ingresos no permanentes, deben cumplir de manera progresiva, y hasta el año 2028, la relación 70 / 30 en lo que se destina a inversión y gasto corriente, respectivamente. De incumplir con ese parámetro, las transferencias se limitarán al mínimo establecido en el Art. 271 de la Constitución.

Ciertamente, este proyecto -en su momento- no tuvo el suficiente espacio para el análisis y discusión, al haber sido canalizado como urgente en materia económica, enfrentando consecuentemente una lluvia de demandas de inconstitucionalidad, teniendo en cuenta que el Art. 238 de la Carta Fundamental determina, en forma expresa, que los gobiernos locales gozan de autonomía política, administrativa y financiera. La actual norma del COOTAD condiciona el uso y destino no sólo de las transferencias que hace el gobierno central sino del presupuesto institucional de los GAD, lo cual entra en conflicto con el concepto de autonomía, así como afecta el criterio de predecibilidad de las asignaciones.

Más allá de alcanzar la disciplina fiscal y observar el uso adecuado de los recursos, que debe ser una responsabilidad implícita de todo administrador de la cosa pública, es claro que esta iniciativa del ejecutivo no guarda coherencia al ser el propio gobierno central el primero que incumple la obligación de invertir los pocos recursos con que se cuentan, al tener como prioridad el pago de la deuda pública.

Giovanni Carrión Cevallos

@giovannicarrion

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