En toda democracia sólida, la alternancia en el poder y la imparcialidad en los procesos electorales son principios esenciales. La figura de la licencia sin sueldo para servidores públicos que participan en campañas electorales no es solo un requisito técnico; encarna el compromiso con estos valores fundamentales al garantizar que el uso del poder público no se desvirtúe con fines electorales.
El espíritu de esta licencia radica en separar las responsabilidades públicas de las aspiraciones políticas. Un servidor público que busca un cargo de elección popular debe desligarse de sus funciones temporales para evitar cualquier posibilidad de usar recursos o influencias del Estado en beneficio propio. Este principio no distingue entre periodos completos o incompletos, sino que persigue un fin superior: proteger la equidad y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
Confundir la licencia sin sueldo con las dinámicas de reelección o la duración de un periodo electoral es desconocer su propósito esencial. No se trata de un privilegio, sino de un acto de responsabilidad que asegura que los candidatos compitan en igualdad de condiciones, sin ventajas indebidas derivadas de su cargo.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) juega un rol fundamental en este proceso. No puede limitarse a ser un observador pasivo, sino que debe garantizar el cumplimiento estricto de las normas, actuando con firmeza para evitar que el poder público se utilice como herramienta política. La inacción del CNE pone en riesgo la credibilidad del sistema electoral y la legitimidad de los comicios.
La licencia sin sueldo es más que un trámite administrativo, es una salvaguarda de la transparencia y un reflejo del compromiso democrático. Hacerla cumplir sin excepciones es una obligación que fortalece la alternancia en el poder y asegura elecciones limpias, pilares indispensables para una democracia sólida y justa.
Daniel González Pérez
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