“Cuando una potencia se cree juez, policía y verdugo, el Derecho Internacional deja de ser norma y se convierte en obstáculo”.
La eventual intervención de los Estados Unidos en Venezuela, impulsada desde la presidencia de Donald Trump, constituye —en términos jurídicos— una violación frontal al Derecho Internacional Público. No se trata de ideología, ni de simpatías políticas, sino de legalidad internacional, soberanía y paz.
La Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2 numeral 4, prohíbe de forma absoluta el uso o la amenaza de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Esta norma tiene carácter de ius cogens, es decir, obligatoria para todos los Estados sin excepción. No existe, hasta hoy, mandato del Consejo de Seguridad, ni escenario de legítima defensa, ni consentimiento del Estado venezolano que legitime una invasión o la captura de su jefe de Estado.
Sostener que una potencia extranjera puede “gobernar” Venezuela equivale a pisotear la soberanía popular, principio reconocido desde la Convención de Montevideo de 1933 hasta la Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU. No estamos en la Edad Media ni en el feudalismo: ningún emperador moderno tiene derecho a decidir el destino de otro pueblo.
No defiendo al régimen de Maduro ni sus prácticas internas. El Derecho Internacional no protege gobiernos, protege Estados, territorios y pueblos. La ilegalidad de un gobierno no habilita la invasión extranjera.
Bajo el discurso del narcotráfico y la democracia se esconde un patrón histórico: control de recursos estratégicos, particularmente el petróleo, que no pertenece a Estados Unidos. Resulta jurídicamente cínico que el país con mayor consumo de drogas del mundo pretenda erigirse en tutor moral de la región.
Si esta doctrina de la fuerza se normaliza, ningún Estado está a salvo. Hoy es Venezuela; mañana, cualquiera.
Porque cuando el poder sustituye al Derecho, la guerra deja de ser excepción y se convierte en regla.
Frank Castillo Ramírez
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