Es urgente la unidad de las instituciones públicas y privadas del Ecuador para acabar con el miedo y la inseguridad que ponen en peligro la salud, los derechos, la dignidad y la vida de tantas mujeres y niñas.
Hoy en día ha proliferado la misoginia violenta, desde la violencia doméstica hasta la explotación sexual, la trata de blancas, el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina y el acoso en línea, el número de casos de violencia contra mujeres y niñas denunciados ante diversas instituciones aumentó del 43% de 2019 a 2022, y el de casos que conoció la Policía se incrementó el 64%.
En Ecuador las llamadas a los teléfonos de asistencia aumentaron en promedio del 60%. Recordemos que cuando se inició la pandemia del Covid-19 se estimaba que una de cada tres mujeres experimentó violencia masculina en algún momento de su vida. En la actualidad, la violencia en los hogares de los ecuatorianos se ha incrementado.
Los ecuatorianos y el Gobierno han comenzado a tomar medidas para frenar la violencia doméstica, pública y callejera dando asistencia legal por intermedio de las fiscalías y juzgados como forma de apoyo a la que se han sumado varios organismos como la Dinapen, las fiscalías, los Juzgados y el frente de defensa de los derechos de la mujer, cuyo apoyo de por sí ha resultado importante.
El Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial se han pronunciado de una u otra manera en el sentido de que es inevitable o imposible acabar con la violencia contra las mujeres. Esta idea peregrina es para justificar el retardo de la atención en estos casos, cuando bien conocen que la atención oportuna y la perseverancia pueden lograr cambios cualitativos y cuantitativos.
Luis Muñoz Muñoz