Fiscalía de Loja inicia investigación a la contratación pública del Gobierno Provincial

Las vías Intervalles y Villonaco-Taquil, así como compras son objeto de observaciones. Titular, Rafael Dávila, llamado a comparecer.

La vía Intervalles, que une a Malacatos con Catamayo, aún no ha sido recibida definitivamente. (Foto archivo)
La vía Intervalles, que une a Malacatos con Catamayo, aún no ha sido recibida definitivamente. (Foto archivo)

A las 10:03, del 1 de febrero de 2021, el profesional del Derecho, Manuel Eduardo Espinosa Fernández, remite a la Fiscalía de Loja un oficio. Allí solicita, bajo la figura jurídica de excitativa, una investigación a la contratación pública en el Gobierno Provincial, donde se estarían dando violaciones a procesos de contratación.

Denuncias desde hace cuatro años

Como antecedente, dice el jurista, desde hace más de cuatro años, varios ciudadanos y por medios de comunicación se viene denunciando la contratación pública en la Prefectura, cuyo titular de la entidad es Rafael Dávila Égüez.

El profesional cuenta que, en 2017, varios lojanos, incluido él, iniciaron una veeduría ciudadana a la construcción de la vía Intervalles (Malacatos-Catamayo), cuyo proceso de licitación en el Portal de Compras Públicas determina que a la compañía que le fue adjudicada la obra (Constructora del Pacífico S.A.)  no es la que la construyó y que, en ese momento, el prefecto indicó que la empresa Técnica General de Construcciones (TGC) había hecho un consorcio con la ganadora para ejecutar los trabajos.

Acota que en el mismo Portal se determina que el profesional de la ingeniería, Eduardo Punín Correa, no ganó la licitación para ser el fiscalizador de la obra Intervalles y que ganó la empresa Cordero y que, allí también, Rafael Dávila E., manifestó que, igualmente, se ha formado un consorcio.

“Esas son las cuestiones que están en entredicho. Nosotros solicitamos que nos entreguen todo el proceso de contratación en copias debidamente certificadas, pero no lo hicieron, pese a que lo hicimos por varios medios radiales y también por escrito a la viceprefecta de ese entonces, Nívea Vélez”, precisa.

Como en ese tiempo, agrega, el Código Integral Penal en vigencia señalaba que para que la Fiscalía pueda iniciar una investigación se requería un examen de Contraloría que determine indicios de responsabilidad penal, entonces, “no podíamos acudir a la Fiscalía, ni esta entidad podía de oficio dirigir esta investigación”.

Pero, luego, se dio una reforma al Código, donde ya faculta a la Fiscalía a hacerlo y más aún si los hechos fueron dados a conocer por redes sociales, “como ‘noticia criminis’, la Fiscalía debió haber iniciado los procesos de investigación fiscal, pero no lo hizo”.

Posteriormente, cuenta Eduardo Espinosa, con motivo de la pandemia del coronavirus, aparecen compras que no cumplen con todos los requisitos que establece la ley para realizarlas y “la Fiscalía conoce esto y no hacía nada”.

Entrevista al gerente de la ‘Diez&Diez’

Asimismo, el profesional del Derecho manifiesta que en una entrevista dada a la televisora lojana Ecotel TV, el gerente de la compañía Diez&Diez, Manuel Diez, encargada del asfaltado de la vía Villonaco-Taquil, de 16 kilómetros,  dice que esta tiene una serie de problemas, “derivados de la mala ejecución de los estudios, pero lo grave que dice el ingeniero Diez a Ecotel y a la ciudadanía que esa vía no tiene 16 kilómetros, como consta en el contrato, sino que es solamente de 15 y  que hay 1’200 mil dólares, que no saben en qué ponerlo y por qué lo pusieron, que es una obra sobrevalorada y que no puede tocar ese dinero porque luego tendría que dar cuentas a la Contraloría”.

Eduardo Espinosa dice que las expresiones del constructor Manuel Diez a la televisora tampoco fueron tomadas en cuenta por la Fiscalía y que ello lo movió, en su condición de ciudadano y abogado, ciñéndose a lo que establece el artículo 410 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), a excitar al fiscal a que inicie de oficio la investigación.

Expresa que ahora sí actuó la Fiscalía, la cual con fecha 4 de febrero de 2021, respondiendo a su escrito de fecha 1 de febrero, le hace conocer que ha iniciado una investigación fiscal “para investigarlo al ingeniero Rafael Dávila Égüez, en calidad de prefecto, por el presunto delito de peculado”.

Juntamente con la notificación de inicio de la investigación, la Fiscalía convoca a Eduardo Espinosa Fernández para que acuda a rendir su versión, fijándose la diligencia para el próximo 25 de febrero, y también lo cita al prefecto Dávila para que asista el 4 de marzo.

Un funcionario de esa dependencia, consultado sobre el tema contratación, indicó que todo se maneja de manera pública y que cualquier ciudadano puede ingresar al portal para averiguar procesos, adjudicaciones, montos, entre otros. También señaló que el seguimiento lo hacen tanto la Contraloría como el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

La ‘Intervalles’ aún no se recibe definitivamente

El director de Estudios Viales y Obras Civiles de la Prefectura, Freddy Ochoa Alfaro, indicó que, en el caso de la vía Intervalles, se firmó el contrato en en 2015, habiéndose, previamente y respondiendo al llamado de licitación, presentado tres oferentes: Constructora Nacional S.A; Simar Constructores y Constructora del Pacífico S.A.

Al ser la oferta más baja, a decir del funcionario, y por cumplir con todos los requisitos establecidos, se adjudicó la obra “en buena lid” a la Constructora del Pacífico S.A., aunque enfatiza que aún no se recibe en forma definitiva porque tiene que realizar, por pedido del administrador y del fiscalizador del contrato, algunos arreglos, relacionados con la señalética horizontal y vertical. Dice que todo se realizó de acuerdo a lo que establecen la Ley de Contratación Pública y su reglamento y que no hubo preferencias para nadie.

Respecto a la vía Villonaco, informa que el tramo contratado es desde el ingreso a Chuquiribamba, en el sector Villonaco, hasta Taquil, pasando por Cera, con una longitud de 15 kilómetros, más los accesos al barrio La Aguangora, de 600 metros, y al centro de Cera, 400 metros, dando un total de 16 kilómetros.

“En ningún momento ha habido alguna exageración en las cantidades de obra, ni tampoco como ha hecho la denuncia el encargado de los trabajos en la vía”, precisa, al tiempo indica que, incluso, se ha hecho algunos accesos a sectores, a lo largo de la vía.  

“Las cantidades de obra son liquidadas, de acuerdo a lo realmente ejecutado, planillas e informes elaborados por el constructor y aprobados por fiscalización y administrador del contrato”, puntualiza e informa que el contrato fue terminado unilateralmente por incumplimiento de la compañía y que ahora se arma el estudio para concluir el asfaltado.

PARA SABER

HORA32 acudió al Departamento Jurídico de la Prefectura, donde se manifestó que no tenía comunicación alguna sobre la citación de la Fiscalía a la autoridad provincial.

VOZ

“Al ser la oferta más baja y por cumplir con todos los requisitos establecidos, se adjudicó la obra (Intervalles) en buena lid a la Constructora del Pacífico S.A.”,

Freddy Ochoa Alfaro, director de Estudios Viales y Obras Civiles de la Prefectura.

“Como ‘noticia criminis’, la Fiscalía debió haber iniciado los procesos de investigación fiscal, pero no lo hizo”, Eduardo Espinosa Fernández, ciudadano lojano

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