Tres episodios de reciente data, todos relacionados con el ámbito jurídico, nos hacen suponer que hay acciones, circunstancias y actitudes que nos dejan sin piso, al menos desde el punto de vista de la lógica común.
No voy a entrar en detalles de cuáles son las argumentaciones de orden legal por las que Pablo Celi, Contralor de la Nación y Freddy Carrión, Defensor del Pueblo, están en la cárcel 4 de Quito, con prisión preventiva, y sometidos a un proceso de investigación por parte del organismo competente. Los dos, valiéndose de determinadas argucias, muy bien trabajadas por sus abogados, han recuperado “su libertad” para trabajar en la prisión, y, desde allí, continuar ejerciendo sus funciones, direccionadas a tomar retaliaciones en contra de quienes han motivado su estatus actual, sin reconocer su grado de culpabilidad.
Lo curioso es que, lamentablemente, nuestras leyes, permiten situaciones de esta naturaleza que, desde donde se lo mire, constituyen una vergüenza para la justicia, un escarnio para la institucionalidad del país y un bochorno ante la faz internacional. Y, lo sorprendente es que, hasta sus celdas hayan llegado sus sofisticados equipos de trabajo para que puedan ejercer funciones, cuando eso, la ley no lo permite. Para nadie es desconocido que Celi y Carrión, por su alta investidura, deben tener comportamientos lúcidos, transparentes y brillar más que los soleados días de verano. Cosa que, lamentablemente, no ha ocurrido.
Y el otro caso, no menos hilarante, es el provocado por la jueza de Pichincha Verónica Medina quien, a pedido del abogado de la familia Bucaram, algunos de cuyos miembros están acusados de presunta delincuencia organizada, con el argumento de que no se ha seguido el debido proceso y se han obviado algunas solemnidades, como aquello de que “se debe notificar con 72 horas de antelación a las personas que van a ser detenidas” (¿?) desestima todo lo actuado y todo vuelve a fojas cero, situación que ha merecido ardientes críticas desde distintos ámbitos de la justicia.
No digo que lo que está ocurriendo sea ilegal, pero sí es terriblemente inmoral y que se deben introducir urgentes reformas para que no se repitan situaciones tan vergonzosas.
Darío Granda Astudillo
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