Renuncias serán solo voluntarias, no devolverán indemnizaciones recibidas. No podrán enjuiciar al Estado.
La Corte Constitucional (CC), el miércoles 28 de octubre de 2020, declaró la inconstitucionalidad parcial del Artículo 8 del Decreto Ejecutivo 813, relacionado con la compra de renuncias obligatorias a los servidores públicos.
El fallo se da a los nueve años, exactos, del despido de alrededor de 4.500 funcionarios del Estado, quienes, a raíz de que fueron cesados en sus cargos, vinieron solicitando la declaratoria de inconstitucional a la medida. Hasta que el pasado lunes, 12 de octubre de 2020, optaron por un plantón permanente frente al edificio de la CC.
En Loja, de la Gobernación salieron 106 empleados. También se fueron de ministerios como Salud, MAG, el entonces MAE, Seguro Social, Dirección de Tránsito, entre otros.
“Nos quedaremos aquí hasta que la Corte Constitucional se pronuncie. Son nueve años de la aplicación de este inconstitucional y macabro decreto por parte del expresidente Correa y Alexis Mera”, dijo, en su momento, el presidente nacional de la Asociación de Servidores Públicos Despedidos (Asodesp), Gustavo López, en una entrevista para el diario Expreso.
Piedad Guerrero Vivanco, representante en Loja de los exservidores y con 22 años de labor en la Gobernación de Loja, en un diálogo anterior con HORA32, contó que todos los empleados de carrera fueron despedidos en “forma intempestiva, arbitraria, intimidatoria y abrupta”.
Ese día (28 de octubre de 2011), dijo, ingresaron con las notificaciones correspondientes y les fueron entregando en forma individual. Estuvieron acompañados de la Policía Nacional, medios de comunicación y un testigo que se encargó de firmar por la persona que se negaba a hacerlo.
Este Diario quiso recabar una reacción de los exservidores, tras el fallo, sin embargo, no fue posible. Uno de ellos dijo que se pronunciarían próximamente.
La asambleísta lojana, Jeannine Cruz Vaca, dice que la CC reconoce que lo actuado por el expresidente, Rafael Correa Delgado, a través del decreto 813, “fue totalmente inconstitucional porque la renuncia no puede ser obligatoria, sino voluntaria. Con esto los servidores pueden volver a las entidades públicas sin necesidad de devolver la indemnización que les dieron…”.
Acota la legisladora que la CC señala tácitamente que los exfuncionarios no pueden iniciar juicios de indemnización contra el Estado, “lo cual no comparto. Entendemos se hace esto para cuidar sus intereses (…), sin embargo, me parece que es una victoria parcial y también deja un precedente importante, esto es, un decreto no puede obligar a nadie a salir en forma radical de su espacio laboral”.
CLAVE
Alrededor de 4.500 servidores a escala nacional fueron separados de sus cargos en 2011.