Burgomaestre, satisfecho con informe de perita de no adeudar valor alguno a empresa. Habla de contubernio de administraciones municipales que se sucedieron.

La perita del Consejo de la Judicatura, Suly Estefanía Pérez Navarrete, en un informe entregado con fecha 26 de octubre de 2023, a la Corte Provincial del Guayas (Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Guayaquil), asegura que el Municipio de Loja no adeuda ningún valor a la compañía Safety Enforcement Seguridad Vial.
Contrato Municipio de Loja – Safety
La empresa estuvo a cargo del control de los límites de velocidad en el cantón Loja mediante fotorradares, tras un contrato suscrito por cinco años entre las dos entidades, esto es del 5 de mayo de 2015 al 5 de mayo de 2020. El 6 de mayo, un día después de finalizado, el alcalde de ese entonces, Jorge Bailón Abad, dio por finalizado el contrato, habiendo notificado a Safety sobre la decisión.
A partir de allí inició una batalla judicial entre el Municipio y Safety Enforcement. A ello se sumaron las críticas de los conductores que se consideraban perjudicados por la forma del control de la velocidad, a través de dispositivos fijos y móviles, lo cual alimentó para que el Ayuntamiento no renovara el contrato.
Es en mayo de 2022 que la jueza de Quevedo, Jenny Patricia Freire Arias, al admitir una acción de protección que planteó la empresa, dispuso que el Municipio de Loja le cancelara alrededor de 12 millones de dólares.
Posteriormente, un informe de liquidación de capital e intereses realizado por una perita, difundido el jueves 19 de enero de 2023, establece que el Municipio de Loja le debe pagar 13 millones con 100.000 dólares, aproximadamente, a la empresa Safety Enforcement.
El procurador síndico del Municipio de Loja de ese entonces, Luis Tapia Montesdeoca, expresó que el informe donde se establecen los 13 millones con 100.000 dólares no es definitivo, sino que debe ser aprobado por el Tribunal Contencioso Administrativo con sede en Guayaquil.
Reacción del alcalde Quezada
Hasta que ahora, con fecha 26 de octubre de 2023, la perita Suly Estefanía Pérez asegura que el Ayuntamiento no debe valor alguno a Safety. Esto originó una reacción inmediata del alcalde, Franco Quezada, quien, mediante una rueda de prensa, recordó que el tema fotomultas generó malestar en la ciudadanía lojana por la forma de aplicación de las sanciones.
Acotó que la compañía quiso abusar de los lojanos, en contubernio con las tres administraciones municipales que se sucedieron (José Bolívar Castillo, Jorge Bailón Abad y Patricia Picoíta Astudillo), “porque nadie quiso defender hasta que nosotros ingresamos acá, inclusive no se presentaron los jurídicos a las audiencias respectivas para defender el caso”.
El burgomaestre expresó que, gracias a la intervención de la Procuraduría General del Estado, el Municipio de Loja, en su administración, interpuso una acción adicional porque “nunca nos venderemos a una empresa o empresas que intenten siquiera hacerle daño a Loja. Hemos recibido esta grata noticia después del trabajo incansable que hemos realizado…”, precisó y coincidió con el informe de la perita, Suly Pérez, de no adeudar a Safety.
VOZ
“Quisieron cobrar a Loja multas impugnadas y claro nadie defendió porque algo había por debajo, había casi 13 millones de dólares, entonces, dejaron pasar como si nada, hemos puesto un alto a todo esto”,
Franco Quezada Montesinos, alcalde del cantón Loja