Caso Municipio-Safety: abogados lojanos están convencidos de una sentencia favorable

No hay una fecha exacta de cuándo los jueces de Los Ríos emitirán su veredicto respecto a la apelación presentada.

Patricio Valdivieso fue uno de los abogados que intervino en favor del Municipio lojano.
Patricio Valdivieso fue uno de los abogados que intervino en favor del Municipio lojano.

En una audiencia que duró alrededor de cuatro horas y que se cumplió de manera telemática este jueves 2 de diciembre de 2021, varios profesionales del Derecho de Loja e incluso de instituciones como la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y del Municipio de Ambato, intervinieron en favor del Municipio de Loja con sus argumentos, con la finalidad de evitar que se ratifique la sentencia de primera instancia que obliga a la entidad municipal a pagar cerca de 12 millones de dólares a la empresa Safety Enforcement. La audiencia fue ante la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Los Ríos, integrada por los jueces Venus Loor Intriago, Julio Almache Tenecela e Isela Emperatriz Ordóñez Muñoz.

Safety Enforcement, que tuvo a su cargo en Loja el control de los límites de velocidad mediante fotorradares, presentó anteriormente una acción de protección y la jueza de Quevedo, Jenny Patricia Freire Arias, la aceptó, ordenando a la vez que el Municipio pague la millonaria suma a manera de una reparación integral.

Esta sentencia levantó la preocupación de Loja y varios abogados de la localidad se unieron para, bajo la figura de ‘amicus curiae’, defender al Municipio y evitar que asuma el pago de esos casi 12 millones de dólares.

Audiencia de apelación

Patricio Valdivieso Espinosa, uno de los abogados que intervino como ‘amicus curiae’, se mostró muy satisfecho por la unión de los abogados lojanos y de instituciones y destacó los criterios que presentaron sus colegas “para aclarar que esa sentencia no tiene ningún asidero constitucional”. En base a ello, dice estar convencido que “los jueces en derecho dejarán sin efecto esa sentencia y por ende rechazarán la infundada pretensión de Safety de cobrarnos a los lojanos cerca de 12 millones de dólares”.

En la audiencia de apelación también intervino Kelly Orellana, abogada de Safety Enforcement, quien insistió que el Municipio de Loja vulneró varios derechos a la empresa, como a la seguridad jurídica, al trabajo y a ejercer actividades económicas.

Una de las pretensiones en la que coincidieron mayoritariamente los abogados que se unieron en favor del Municipio de Loja, fue que se sancione a la jueza que en primera instancia determinó el pago del millonario monto.

VOZ

“Loja se unió y hubo muy buenos criterios”

Patricio Valdivieso Espinosa Abogado en libre ejercicio