Analizando la reciente rotura del oleoducto de crudos pesados y el consecuente derrame de petróleo dentro de la provincia de Esmeraldas, tenemos que: si un barril contiene 159 litros de petróleo y se derramaron 25.000 barriles, equivale a casi 4 millones de litros de hidrocarburos que contaminaron a 5 ríos que, en conjunto suman una extensión de más de 80 km de hábitats ribereños, ríos que hoy están catalogados como muertos y otros en cuidados intensivos. Las aguas de estos ríos eran utilizadas para, entre muchas otras actividades, el consumo humano y la producción de alimentos, esta situación ha afectado a medio millón de personas.
Este desastre ambiental nos deja una lección dolorosa que debe remecer no sólo a la población que fue afectada, sino a todos, pero enfáticamente a los tomadores de decisiones a nivel nacional. El descuido en el mantenimiento del oleoducto (incluida su área de influencia) y su eminente rotura generó un daño ambiental sin precedentes en el país.
La normativa ecuatoriana establece que cada proyecto (de esta envergadura) debería tener un estudio de impacto ambiental, un plan de manejo efectivo y dentro de este plan, actividades de mitigación y prevención de desastres. El seguimiento y evaluación por parte de la máxima autoridad ambiental nacional, debió ser prioritario, al igual que en otros proyectos llamados estratégicos; en conclusión, ante emergencias ambientales, los estudios de impacto ambiental y los planes de manejo deben funcionar como reloj suizo.
Benjamín Ludeña Guamán
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