La Organización Meteorológica Mundial (OMM) sitúa en un 80% la probabilidad de que llegue el fenómeno climático de El Niño, alcanzando su máxima intensidad a finales de año (noviembre y diciembre). Mientras que científicos de la NOAA y otros señalan que existe un 90% de probabilidades de que surja “pronto” entre (junio y julio), y se prolongue hasta el próximo año; lo que nos hace suponer que “El Niño” está “aquisito”.
Ante esta constante advertencia que alarma y preocupa, el gobierno nacional con fecha 18 de mayo declaró alerta amarilla en 17 provincias del Ecuador, para coordinar con los gobiernos seccionales acciones preventivas y de preparación oportuna ante cualquier evolución de amenaza. Por su parte el COE nacional ha dispuesto que varios Ministerios ejecuten con urgencia planes preventivos de mantenimiento y fortalecimiento a nivel nacional.
Han transcurrido 15 días de alerta amarilla, y en el caso concreto de Loja.
¿Los gobiernos seccionales y el COE provincial están activados para atender las medidas que el protocolo de catástrofes exige: luz, agua potable, alcantarillado, salud, cultivos y, sobre todo, vialidad, cuyas calles y carreteras como están contribuirán al colapso y al aislamiento provincial? Interrogante que desafía una explicación antes que cambie de color el semáforo de amarillo a rojo.
Pero nada se dice sobre la alerta amarilla para el Consejo Nacional Electoral (CNE), que por cambiar la fecha de las elecciones seccionales para noviembre y coincidir este mes con los pronósticos de ser uno de los de mayor intensidad lluviosa, tiene la exigente responsabilidad de prevenir el proceso, evitando que la furia de “El niño” le ponga a la democracia un epitafio.
Prevenir y mitigar el nivel de impacto de El Niño que está “aquisito” es obligación de todos. El vecindario debe comprometerse con una decisión de responsabilidad social, individual y colectiva, sabiendo que esos aguaceros pueden empapar hasta el alma, si nuestra organización es débil.
Adolfo Coronel Illescas