El “correato”, con la complicidad de varios “angelitos” que hoy reniegan de Correa y hasta dicen no conocerlo, luego de atropellar el ordenamiento jurídico vigente convocó a una Asamblea Constituyente, que tuvo como producto final, en el 2008, la aprobación de la actual Constitución de la República.
Resulta que nuestra “norma suprema”, al menos en su parte orgánica, es un verdadero “mamotreto jurídico”, que le permitió a Correa, actualmente con sentencia ejecutoriada por cohecho (sobornos) y prófugo de la justicia, concentrar todo el poder político en sus garras, abusar de dicho poder e institucionalizar la corrupción como el “modus operandi” de su gobierno.
En esta Constitución crearon la famosa “Función Electoral”, conformada por dos órganos con competencias diferentes: el Consejo Nacional Electoral (CNE) a cargo de la organización administrativa de los procesos electorales, y, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) encargado de ejercer “jurisdicción” (juzgar y ejecutar lo juzgado) en materia electoral.
Todo funcionó perfectamente cuando ambos órganos de la Función Electoral respondían fielmente a las órdenes que su amo les dictaba desde el Palacio de Carondelet. Actualmente, las circunstancias no son las mismas y, según se observa, el CNE y el TCE responden a intereses políticos distintos y no han tenido ningún escrúpulo en violar, a su antojo, la Constitución y la Ley, creando un embrollo jurídico del que nadie sabe cómo se va a salir.
Gustavo Ortiz Hidalgo
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