El Estado, los afiliados, los jubilados y los pensionistas son perjudicados por un monto de 654.945,50 dólares. Exigen castigo para responsables.
El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Jorge Wated Reshuan, en una rueda de prensa del 13 de octubre de 2020, denunció que se ha encontrado, entre 2018, 2019 y 2020, un total de 4’517.051 de dólares en medicamentos caducados.
Sin dar nombres de las casas de salud del Seguro Social involucradas, informó que se ha puesto en conocimiento de los organismos de control para establecer lo que ha sucedido.
Adelantó también que se debe a que ha existido falta de planificación y control de la gestión de medicamentos en todos sus procesos: abastecimiento, almacenamiento y dispensación al usuario final. “Ello significa una pérdida económica para los afiliados y para los jubilados, cuando no se han cumplido con las gestiones necesarias respecto a las normativas sanitarias”.
Tras comentar que hay que hacer una autocrítica institucional, aseguró que nunca en la historia del IESS se ha hecho un análisis de los medicamentos caducados y que el objetivo, incluida su administración, es transparentar estos hechos.
Señaló que de esto tienen que haber responsables y que a ellos se arribará a través de una investigación que permita tomar las medidas necesarias.
A través de su cuenta de Twitter
Jorge Wated Reshuan, tres días después de su primera denuncia a los medios de comunicación, a través de su cuenta de Twitter @JorgeWated, especifica que, “en una primera investigación, detectamos más de USD 5,7 millones sobre medicamentos caducados en ciertas unidades médicas del @IESSec”.
Juntamente con la cifra, detalla las casas de salud del IESS que, por el momento, “nos muestran una mayor cifra”. Entre ellas están el Hospital de Loja Manuel Ygnacio Monteros, con 455.451, 31, y el CSB de Cariamanga, con 199.494,19, en fármacos caducados.
Reacciones de sectores lojanos
En criterio del presidente de la Coordinadora Provincial de Maestros Jubilados ‘Alfonso Yánez Montero’, de Loja, José Eduardo Morales, estas denuncias vienen desde hace tiempo cuando, inclusive, hay medicina caducada que no está acorde con las enfermedades.
“Es otra muestra de cómo la corrupción se enquista (…)”, dice y agrega que por ello su gremio viene luchando porque en el Consejo Directivo esté también el representante de los afiliados y jubilados, ya que al momento hay un delegado del Ejecutivo y otro de los empleadores.
Exige que se dé con los responsables de la caducidad de los fármacos y que se los obligue a devolver los dineros perdidos, antes que la misma cárcel. También solicita a los asambleístas lojanos impulsar la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Social.
Que no sea un ‘show de Jorge Wated’
Como acto de negligencia administrativa califica, por su parte, Luis Cuenca Medina, abogado lojano en libre ejercicio, al tratamiento de los insumos médicos y también dice que espera que no sea un show de Jorge Wated la denuncia realizada en días anteriores.
En su criterio, no son únicamente los 5,714.941.63 millones, dada la cantidad de compras anuales que se hacen en la institución, ese valor se podría multiplicar por unas 30 veces más.
Señala que siempre ha existido la caducidad de fármacos en las casas de salud del Seguro Social y, respecto a Loja, el director provincial (Ricardo Bueno Arévalo) debe sancionar administrativamente, poniendo en conocimiento de la Fiscalía e insistir a esta entidad dar con los culpables porque se origina un perjuicio al Estado ecuatoriano.
Un caso ‘gravísimo’
El activista político Carlos Chalaco considera que la caducidad de los insumos médicos es un caso “gravísimo” y que no es de ahora la denuncia, ya que se venía haciendo siempre por esta práctica que se daba en los hospitales, profundizándose eso sí con las reformas a la Seguridad Social, designando tanto un director médico como una especie de gerente.
Con el ingreso de un gerente y al desconocer el tema médico, las compras de insumos hospitalarios se “hicieron a mansalva (…). Siempre han hecho observaciones los médicos que la adquisición no se hace de manera técnica y organizada, así como que generalmente hay corrupción detrás de esto y que no se compra lo necesario y es el gerente del hospital quien termina decidiendo”.
Exhorta a los cuatro legisladores lojanos a realizar una investigación y que, de llegar a establecer un responsable, la sanción es la privación de libertad de seis meses a dos años. La sociedad civil, en su criterio, también debe presionar por un castigo porque “no se trata de un perjuicio al Estado, sino que se pone en peligro la salud”.
PARA SABER
HORA32 quiso recabar el criterio del director provincial del Seguro Social, Ricardo Bueno Arévalo, pero su teléfono celular estuvo apagado.
‘Una clara irresponsabilidad’
No puede ser que se juegue con la salud de los afiliados, de los jubilados y los pensionistas porque entendemos que el IESS es una entidad que presta servicios y mientras dicen que no disponen de medicinas las dejan caducar.
Es inaceptable e inadmisible y demuestra la clara irresponsabilidad con la que manejan la institución las personas que no responden a los intereses de los afiliados, los jubilados y los pensionistas.
Esto nos da la razón para que seamos los dueños, a través de una representación digna, quienes estemos al frente de la Seguridad Social en el Ecuador.
Las autoridades de Loja ya debieron dar su pronunciamiento al respecto. Queremos conocer qué dicen la gobernadora (Lorena Costa), los asambleístas, el director provincial del Seguro y del mismo Ejecutivo frente a esta denuncia. (Gilbert Granda Romero, presidente de la UNE de Loja)
CLAVE
En el Consejo Directivo del IESS hay dos representantes: del Ejecutivo y de los empleadores; los afiliados, jubilados y pensionistas no tienen voz allí.