Uno de los factores que interviene de manera directa en aquello de dinamizar la demanda agregada de la economía de un país, y más aún en situación de pobre crecimiento del PIB, es la inversión pública, la cual debe ser sostenible en el tiempo en el propósito de generar empleo y con ello alcanzar la activación del círculo virtuoso expresado en términos de incremento de la demanda y oferta en el mercado.
De ahí que llamó la atención que dentro del Presupuesto General del Estado (PGE) para el año 2022, apenas se asignaron USD 1.870 millones de dólares dentro del Plan Anual de Inversiones, es decir, solamente un 5,5% del total del PGE. Pero si eso fue motivo de crítica, hoy lo es aún más el irrisorio nivel de la ejecución presupuestaria de ese rubro con corte al primer trimestre del presente ejercicio económico. De las cifras se tiene que, de enero a marzo 2022, solamente se han utilizado USD 65 millones, esto es un 3,48% del total anual, lo que en la práctica implica que la inversión pública ha sido marginal hasta ahora.
En estas condiciones nos preguntamos: ¿cómo podemos mejorar el PIB si, por un lado, no existe inversión pública y, por otro, se incrementan los impuestos a las familias, no se reducen las tasas de interés y el sector externo se ve afectado por eventos exógenos que repercuten en los destinos de exportación, como es el caso derivado del conflicto armado entre Rusia y Ucrania?
¿Cómo se espera atraer inversiones foráneas si no existe seguridad jurídica en el país? ¿Cómo fortalecemos el turismo como generadora de divisas para la economía, si la inseguridad, el crimen organizado, el narcotráfico y la crisis del sistema penitenciario, colocan al Ecuador en una zona de alto riesgo?
El Primer Mandatario ofreció que, en los primeros cien minutos de gobierno, introduciría los cambios necesarios para enrumbar a un estado dado al garete. Lo cierto es que eso no ha pasado y la barca sin rumbo navega en medio de un mar embravecido.
Giovanni Carrión Cevallos
@giovannicarrion