El próximo 5 de octubre se cumplirán mil días desde que el gobierno de Daniel Noboa decretó la existencia de un «conflicto armado interno».
Esta medida se tomó forzando el marco jurídico, sin que las condiciones del país cumplieran con los presupuestos técnicos que el Derecho Internacional Humanitario establece para tal condición. Desde el primer instante, diversas organizaciones sociales y políticas advirtieron que detrás de la retórica antisubversiva subyacía una agenda de control político y económico. El tiempo ha transformado esa advertencia en una certeza: la declaratoria ha sido utilizada de forma perversa para imponer el ajuste fiscal y edificar las bases de un régimen autoritario y policial.
Bajo la narrativa de financiar la guerra contra el crimen, el Ejecutivo ejecutó un severo paquete de medidas que golpeó directamente al bolsillo de las mayorías. El IVA se elevó del 12% al 15%, los precios de los combustibles se dispararon tras la eliminación de subsidios, se aplicaron «ajustes» a las tarifas eléctricas y se concretaron masivos despidos en el sector público. La paradoja de este modelo es dolorosa. Mientras la recaudación fiscal creció sustancialmente, la delincuencia organizada continúa enseñoreada en el país. El dinero está en las arcas públicas, pero la paz sigue ausente de las calles.
El núcleo de la estrategia gubernamental no ha sido la eficacia contra el crimen, sino la militarización de la vida civil. Los costos humanos de esta doctrina son alarmantes. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos ha documentado al menos 53 casos de desapariciones forzadas atribuidas a las Fuerzas Armadas, afectando a niños y adolescentes. A esto se suman tragedias directas como el asesinato de los Cuatro Niños de Las Malvinas y de jóvenes en Guayas y Los Ríos.
Con el respaldo legislativo, el régimen ha promulgado leyes bajo títulos como Solidaridad Nacional o Inteligencia Social, diseñadas para criminalizar la protesta popular, enjuiciar a menores como adultos y garantizar impunidad a la fuerza pública. El Plan Nacional de Seguridad Integral y los 24 estados de excepción decretados hasta agosto de 2026 confirman que, en nombre de la seguridad, lo que verdaderamente se está confiscando es la democracia.
Remo Cornejo Luque
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