La sentencia popular de que nada es eterno en el mundo adquiere, en la experiencia política ecuatoriana, una dimensión paradójica que merece análisis. El constitucionalismo moderno supone que la norma fundamental opera como factor de estabilización, fija reglas que trascienden a sus autores y sustraen ciertas decisiones del vaivén de las mayorías coyunturales. Ecuador ha invertido esa lógica. Veinte textos constitucionales desde 1830 revelan una cultura jurídica que concibe la Constitución no como pacto duradero, sino como instrumento de consolidación del proyecto político vencedor.
La paradoja opera en doble sentido. Por una parte, lo que debería ser permanente resulta efímero, la institucionalidad, la carrera judicial, la política criminal y la planificación estatal se reformulan con cada ciclo electoral. La destitución de tres presidentes entre 1997 y 2005, y la aplicación de la muerte cruzada en 2023, ilustran una inestabilidad que no es accidental, sino estructural. Por otra parte, lo que debería ser transitorio se perpetúa, el personalismo, la captura de organismos de control, la polarización como método de gobierno y la instrumentalización de la legalidad.
Se configura así lo que podría denominarse una eternidad invertida. Las formas cambian con notable celeridad; las prácticas permanecen inalteradas. La discontinuidad normativa y la continuidad del vicio no se contradicen: son dos manifestaciones del mismo déficit de institucionalización.
La consecuencia es de orden democrático. La seguridad jurídica, presupuesto del Estado constitucional de derechos, exige previsibilidad normativa y autonomía de los órganos de control frente al calendario electoral. Sin ellas, la alternancia deviene mera rotación de élites.
Si nada es eterno, tampoco lo son las mayorías ni el poder. La democracia no requiere eternidades, requiere continuidades que sobrevivan a quienes las instauran.
Daniel González Pérez
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