El artículo 37 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) de Ecuador garantiza el derecho al acceso y ejercicio de la comunicación de las personas con discapacidad, pero, según el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (CDPIC), esta obligación no se cumple. En un país donde el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades reporta que cerca del 2,7 % de la población está registrada con discapacidad, este compromiso reviste relevancia social y se vincula con la libertad de expresión.
En tiempos de redes sociales, plataformas digitales e inteligencia artificial generativa, parecería anacrónico exigir accesibilidad a los medios tradicionales; sin embargo, hay un retorno de las audiencias a los informativos de radio, prensa y televisión por la confianza que generan.
La televisión abierta mantiene una penetración alta, según cifras de IBOPE difundidas por OnData el 20 de mayo de 2026, entre enero y abril de ese año alcanzó al 95 % de la población urbana de Quito y Guayaquil. Por ello, resulta alarmante que menos del 5 % de sus contenidos sean accesibles para personas con discapacidad, de acuerdo con los informes del CDPIC.
Queda por determinar qué factores explican este incumplimiento; tal vez se encuentren en razones económicas y técnicas, en decisiones político-editoriales o una carga regulatoria percibida como excesiva. Mientras se documentan esos factores con datos, tanto los medios como la autoridad deben diseñar estrategias para que el reciente Reglamento para el Acceso a la Información y Comunicación de las Personas con Discapacidad, publicado en el Registro Oficial n.º 321 del 8 de julio de 2026, no quede en “letra muerta”. Además, los canales de televisión deben presentar cronogramas verificables de subtitulado e interpretación en lengua de señas dentro del plazo de doce meses que fija la norma.
Abel Suing
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